El Banco de España también cuestiona la eficacia de las bonificaciones al empleo

Dicho estudio recuerda que las políticas de empleo en España tradicionalmente han descansado en mayor medida que en otros países en la aplicación de bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social de determinados colectivos, principalmente los jóvenes, los desempleados de larga duración y los trabajadores de más edad. Y eso pese a que la evidencia empírica internacional sobre la efectividad de este tipo de programas tiende a mostrar que, en general, “tienen un elevado coste presupuestario, con efectos reducidos, aunque positivos, sobre los colectivos afectados, sin afectar al nivel de empleo agregado”. De hecho, afectaron al 8,6% del empleo entre 2004 y 2011, lo que supone la tasa más alta de todos los países de la OCDE, cuya media se sitúa en un 1,7%. De igual manera, España se situó entre los estados con mayor gasto como porcentaje del PIB en incentivos al empleo, con una media del 0,3% en dicho periodo, un nivel solo superado por Bélgica, Suecia, Dinamarca y Luxemburgo.

Sin embargo, el Banco de España hace hincapié en que “la evidencia empírica disponible tiende a encontrar resultados no demasiado favorables en cuanto a la efectividad de este tipo de programas de incentivos”, ya que aunque algunos subsidios regionales aumentan la probabilidad de alcanzar un empleo indefinido en los colectivos bonificados, suele ir en detrimento de otros colectivos, sin que estos incentivos, que tienen un “elevado coste”, tengan efectos permanentes sobre la tasa de empleo agregada o la incidencia del empleo indefinido. Es lo que denominan “peso muerto”.

Por ello, este organismo ha analizado con detenimiento el programa introducido en 2006 y dirigido a los mayores de 60 años que tuvieran un contrato indefinido y al menos cinco años de antigüedad en su empresa. Para ello, se bonificaban las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa en un 50% para los trabajadores de 60 años, con un aumento de la bonificación de 10 puntos porcentuales por año hasta un máximo de un 100% a la edad de 64 años. Como el programa terminó en julio de 2012, el Banco de España lo que hace es analizar el impacto que tuvo la supresión de este incentivo en este colectivo hasta diciembre y compararlo con otro grupo muy similar, el de trabajadores de 59 años, que sí mantuvieron estas ayudas hasta fin de año.

Y concluye en que el fin de los subsidios originó un “aumento reducido”, concretamente de 1,8 puntos, aunque “estadísticamente significativo”, en la probabilidad de que un trabajador mayor de 60 años perdiera su empleo, una probabilidad que crece con la edad y decrece con el nivel educativo y la experiencia. Así, los más afectados por la supresión serían los empleados de más edad, con menos cualificación y una antigüedad relativamente baja y que, por tanto, conllevaría menores costes de despido.

El organismo también analiza el coste y beneficio económico que tuvo el programa y estima que la eliminación de los incentivos se habría traducido en una pérdida de 3,1 millones de euros en los salarios en diciembre de 2012, como resultado de los trabajadores que perdieron su empleo, lo que a su vez habría reducido en 1,1 millones los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social. A su vez, estas pérdidas de empleo habrían elevado en 1,1 millones los gastos en prestaciones por desempleo. Pero, por otra parte, el fin del pago de las subvenciones supuso para el sistema un ahorro de 41,7 millones en ese período, de forma que la eliminación de estas bonificaciones supone un “ahorro neto significativo”.

Así, el informe concluye que la evidencia empírica disponible “tiende a mostrar un elevado peso muerto de este tipo de medidas (cerca del 85% en el caso analizado), dado que no afectan de manera decisiva a las decisiones de empleo de las empresas”, por lo que el Banco de España pide que este tipo de programas se concentren en “colectivos muy específicos con especiales dificultades para el empleo, de forma que se maximice su efectividad en términos de creación o mantenimiento del empleo y se minimicen su coste para las finanzas públicas”.