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Los datos de siniestralidad laboral que publicó este lunes el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst) preocupan, y mucho, a los sindicatos. Son trece los accidentes mortales que hubo en el marco de trabajo en la región durante el pasado año, ... la mayor cifra de los últimos trece años. Así lo trasladó en un comunicado el secretario general en Cantabria de UGT, Mariano Carmona, que en vista a que «los accidentes de trabajo en la comunidad no han dejado de aumentar, especialmente los mortales y los graves» califica los datos de «inasumibles». Mismo adjetivo con el que valoró las cifras Laura Lombilla, secretaria de Salud Laboral de CC OO de Cantabria, que también las tachó de «nefastas y preocupantes» con lo que, señaló, «no pueden dar lugar a la relajación».
Las cifras plasman que 2023 se cerró con un balance de 13 accidentes laborales mortales en Cantabria, de los cuales 11 se produjeron en el centro de trabajo y otros dos en el desplazamiento desde o hasta él (In Itinere) lo que, según matiza UGT-Salud Laboral, implica la mayor cifra desde los 14 registrados en 2010 y el mismo número que los contabilizados en 2017. Las estadísticas del Icasst concretan que seis de los siniestros mortales del pasado año tuvieron lugar dentro sector primario (cuatro de ellos en trabajos de pesca, uno en agricultura y otro en silvicultura y explotación forestal). Los restantes casos que conforman el balance anual en este apartado corresponden, uno de ellos a la industria extractiva y de energía, y los seis restantes se enmarcaron en el sector servicios (dos en el transporte, uno en las actividades sanitarias, otro en el sector de información y comunicaciones y otros dos In Itinere).
En lo que respecta al resto de accidentes dentro del entorno laboral, según el ICASST al cierre del pasado mes de diciembre Cantabria en 2023 acumuló 6.142 accidentes laborales con baja, un 33% o 3.117 menos que en 2022, aunque este descenso corresponde casi exclusivamente a los leves (-3.116 ó -33,84% menos) y a 2.959 menos en las actividades sanitarias que hace dos años registraban más de 3.600 por el Covid reconocido como accidente laboral.
UGT-Salud Laboral matiza al respecto que, pese a este descenso de más de un 30% de los accidentes laborales leves por el menor impacto del Covid en el sector sanitario, los siniestros leves de las principales actividades económicas de Cantabria aumentan; en concreto más de un 8% en el comercio (de 739 en 2002 a 801 en 2023), casi un 2% en la hostelería (de 507 a 517) y más de un 3% en el transporte (de 397 a 409).
Además de estos siniestros leves y mortales, Cantabria volvió a superar como ya hiciera el año anterior los 40 accidentes catalogados como graves, en concreto 44 (cuatro In itinere), cuatro menos que en 2022 y la segunda mayor cifra registrada desde el año 2017 en la región.
El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, con los datos del Icasst en la mano, explica que «seguimos insistiendo en que son cifras inasumibles y que es un fracaso de todos que fuerza poner en marcha todos los mecanismos del diálogo social y la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo y con los recursos suficientes para ello». Para el sindicato, «desde 2012 en coincidencia con los años de la recuperación económica, los accidentes de trabajo en Cantabria no han dejado de aumentar, especialmente los mortales y los graves, lo que nos tiene que hacer pensar que no se está haciendo lo suficiente para reducirlos y que la prevención de riesgos laborales de poco sirve si no se respeta y no se hace cumplir en los centros de trabajo».
Carmona recuerda que el sindicato viene demandando desde hace años un delegado de prevención territorial en una economía de Cantabria con más de un 70% de pequeñas empresas que en su gran mayoría no tienen delegado de prevención«. Por ello incide en que »es necesario actualizar la ley de prevención de riesgos laborales con nuevos riesgos de siniestro laboral y un capítulo especial de los psicosociales pero lo que es evidente es que una buena normativa legal no sirve de nada si no se cumple«, tras subrayar que »la realidad fuerza a una mayor vigilancia de la prevención de riesgos laborales, que implica más recursos humanos e inspectores y una mayor coordinación de las instituciones«
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