El Constitucional abre la puerta a que los funcionarios recuperen sus pagas extras íntegras

Así, el alto tribunal ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados, que rechazó en mayo de 2023 tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa a los recortes de Zapatero en 2010.

El Constitucional, mediante providencia del pasado 2 diciembre de 2024, acuerda su admisión a trámite ya que en este caso «concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales» y requiere a la presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de diez días remita al tribunal certificación del expediente.

La mesa argumentó una posible afectación en materia presupuestaria, una causa que «no viene configurada en ningún precepto de nuestro ordenamiento como causa que permita pronunciarse a la Mesa del Congreso de Diputados en el sentido de inadmitir la proposición», argumenta CSIF. Desde el sindicato señalan que cualquier iniciativa legislativa popular y su tramitación van a llevar siempre aparejadas algún gasto de gestión, pero que es «mínimo» y no puede equipararse a una invasión de las competencias gubernamentales en materia de elaboración de presupuestos, como «parece hacer» el acuerdo de inadmisión adoptado por la Mesa del Congreso.

Lo que pretende CSIF con esta iniciativa es derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley aprobado en 2010 por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y poder recuperar así la estructura salarial previa a los recortes de 2010. El sindicato explica que aún queda vigente el recorte en la paga extra que desde entonces se ha visto mermada en una media de 1.600 euros anuales en el grupo A1 (médicos, jueces), 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos). En total, las cantidades ascienden a unos 30.000 millones de euros, afecta a dos millones de empleados de todas las administraciones y supone haber trabajado en esta última década entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010, según denuncia CSIF.

Esta resolución el Constitucional es solo el primer paso de un camino que todavía puede ser largo y complejo para recuperar las pagas extras que no se les han devuelto a los empleados públicos. Ahora CSIF deberá volver a poner en marcha el proceso para promover la ILP que le paralizaron, recogiendo 500.000 firmas para que el Congreso pueda debatir esta proposición de ley que anule el recorte salarial.