Díaz emplaza a Seguridad Social a mejorar el paro de los autónomos porque es «humilde»

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social, en 2024 un total de 24.231 trabajadores de esta categoría pidieron cobrar el cese de actividad. De esas solicitudes, poco más de la mitad –12.497– fueron aprobadas. «Un profesional autónomo que hoy inste o solicite una prestación por cese de actividad es probable que tenga que acudir a los tribunales para que se le conceda lo mismo», denunció.

El cese de actividad es una de las reivindicaciones comunes entre las dos grandes organizaciones de autónomos. Amor, en una entrevista publicada este domingo en este periódico, calificaba de «inadmisible» que un autónomo con 52 años no disponga a día de hoy de un subsidio como tiene un trabajador asalariado.

La competencia para reformar la normativa a fin de ampliar esta cobertura no es competencia de Trabajo, tal y como reconoció Díaz, sino del Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz, al que emplaza a emprender una reforma. Desde su punto de vista, la cuantía que recibe un trabajador por cuenta propia al cesar su actividad es «humilde» y considera    que habría que mejorarla, al igual que es necesaria una mejora en la conciliación y corresponsabilidad dentro del colectivo y equiparar la protección de los trabajadores por cuenta propia a los de los asalariados. «Es una misión de país», esgrimió.

Díaz apeló al éxito con el que esta prestación fue acogida durante los peores momentos de la pandemia, cuando uno de cada dos autónomos fueron protegidos mediante el pago de sus nóminas y cotizaciones sociales. Y recordó que en este momento la están percibiendo cerca de 4.500 autónomos afectados por los efectos de la dana en la Comunidad Valenciana.

«Las personas autónomas que se vean expulsadas de su actividad profesional deben de disponer de una correcta protección social que me consta que hoy no existe», insistió, a la vez que trasladó su «complicidad» a las organizaciones de trabajadores por cuenta propia para avanzar en esta materia.

Asimismo, la ministra se comprometió a activar el órgano de participación institucional de los trabajadores por cuenta propia, el Consejo del Trabajo Autónomo, «que lleva décadas sin funcionar». «Me consta que lo estabais reclamando», constató.

Una semana después que el Consejo Económico y Social (CES) avalase por unanimidad un dictamen crítico con el modo en está prevista la aplicación de la reducción de la jornada laboral, la vicepresidenta reconoció que la medida no impactará de igual manera sobre un autónomo que sobre una gran empresa, pero se mostró convencida de que la rebaja mejorará la productividad y que la disponibilidad de mayor tiempo libre espoleará el consumo interno. «Sé muy bien que este debate fue muy difícil para ustedes y a pesar de ello han votado favorablemente», agradeció. A su juicio, la jornada de 37,5 horas semanales «va a mejorar a las pequeñas empresas también y va a ser eficiente económicamente» ya que será un «incentivo para el consumo» y permitirá también favorecer la demanda interna de la economía.

Díaz aludió al conjunto de medidas y bonificaciones que el Gobierno ha desplegado –Plan Pyme 375– para contribuir a la mejor adaptación de las compañías de tamaño reducido al nuevo horario, así como ayudas directas a la productividad por un importe de 300 millones «para compensar ese impacto». Estas ayudas no forman parte del anteproyecto de ley porque la CEOE no se sumó al acuerdo, pero desde el Ejecutivo no descartan recuperarlas en la tramitación parlamentaria de la norma.