Empleo incluye una partida para jóvenes titulados en las ayudas a la contratación

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha dado una vuelta de tuerca a la Orden de Corporaciones Locales, el sistema puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria para la contratación de parados que al mismo tiempo sirve para ampliar temporalmente las plantillas de los ayuntamientos. Después de seis años de funcionamiento, el departamento que dirige la socialista Ana Belén Álvarez quiere limar algunas deficiencias que ha presentado el programa e introducir mejoras con el objetivo de que sea algo más que un parche en forma de seis meses de trabajo para quienes están en situación de desempleo. Las grandes cifras son las mismas que el año anterior: 31 millones de euros de los que se beneficiarán unos 3.000 cántabros y todos los municipios de la comunidad autónoma, pero con la novedad de que en la convocatoria de 2020 se introduce por primera vez una partida propia para jóvenes titulados.

En concreto, serán 4 millones de euros que ponen la vista en personas que acaban de incorporarse al mercado laboral tras acabar su formación. Aquí no sólo se incluyen a titulados universitarios, también jóvenes con certificados profesionales en cualquier materia. La Consejería ha pensado en ellos consciente de las reticencias de algunas empresas en el sector privado para contratar a personas sin experiencia. Frente al sistema general, este facilita los trámites, ya que el Ayuntamiento o la mancomunidad que requiera un perfil concreto se lo tendrá que comunicar al Servicio Cántabro de Empleo (Emcan), que hará la búsqueda para su incorporación. Además, tendrá un tutor que le acompañará en el desempeño de sus funciones.

Esta última es otra de las novedades de la presente convocatoria, que estará lista a finales de febrero y a la que los interesados podrán concurrir a partir de marzo. Tanto en la Orden de Corporaciones Locales juvenil como en la general habrá un seguimiento individualizado de los participantes. Un equipo de técnicos especialistas tratará de analizar sus necesidades y aconsejarles para que, cuando termine el periodo de contratación de seis meses, tengan herramientas para incorporarse al mercado laboral. Algo especialmente importante teniendo en cuenta que muchos de los beneficiarios -en las bases se recoge que tienen prioridad- son los que tienen mayores dificultades: desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas que no estén percibiendo prestaciones o subsidios de desempleo.

«Se trata de que no sea un programa para facilitar un empleo durante seis meses, sino que al acabar la persona beneficiaria se lleve algo más: la experiencia y la motivación, que sirva de estímulo», apuntan desde el Ejecutivo. Ese mayor control también se trasladará a los ayuntamientos y a los proyectos que presenten a la convocatoria general con el objetivo de maximizar el esfuerzo económico y sacar la máxima utilidad posible a la llegada de esta mano de obra a los municipios.

Los cambios se van a concretar después de un proceso de diálogo con los municipios, que gracias a esta orden ven cómo se incrementan sustancialmente las plantillas municipales y se pueden acometer obras y servicios que de otra manera, con los medios propios, serían impensables. Para mejorar la efectividad de las ayudas, también se han introducido algunas de las propuestas que hacían sindicatos y patronal. La experiencia de estos años ha demostrado que la mayoría de municipios concentran las contrataciones en la época de verano, que es cuando se pueden realizar más trabajos de exterior.

Esto interfiere con la contratación privada, ya que las características del tejido productivo de Cantabria y su estacionalidad hacen que sea el momento en el que también hay más demanda de personal. Para evitar estas situaciones -incidiendo en esa idea de optimizar los recursos y no poner freno a la contratación privada generando competencia- se exigirá que la mitad de los beneficiarios se incorporen a su puesto a partir del mes de septiembre.