El Gobierno aprueba la reducción de la jornada sujeta a cambios para intentar persuadir a Junts

El anteproyecto de ley también implica otras medidas, como el derecho irrenunciable a la desconexión digital y el nuevo registro de jornada, que deberá ser digitalizado y al que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social podrán acceder en remoto y en tiempo real. Además, no tenerlo o falsearlo implicarán multas más elevadas, de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado.

Sin embargo, este «día histórico», en palabras de la titular de Trabajo, solo es una primera victoria de una guerra que realmente tendrá que resolverse en el Congreso de los Diputados. Y ahí es donde, ya se sabe, la nueva norma para reducir la jornada laboral de 12,5 millones de españoles -los que tienen ahora horarios superiores a 37,5 horas a la semana- sí que cambiará, y previsiblemente de forma considerable. Con seguridad se incluirá un paquete de ayudas e incentivos para acompañar a las empresas en esta reducción de horas, pero incluso podría suceder que en la Cámara baja se pactara postergar su entrada en vigor más allá del 31 de diciembre de 2025.

Precisamente, esta es una de las condiciones a la que Díaz se niega a ceder, ya que supondría incumplir el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, pero que desde el ala socialista del Ejecutivo sí ven con buenos ojos para contentar a la patronal, que defiende que hay que respetar los convenios colectivos en vigor.

La ministra de Trabajo recalcó este martes que «a pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo del diálogo social», en referencia a las críticas que manifestaron este martes desde la patronal, que advirtió que retransmitirán a los partidos políticos su rechazo frontal a esta medida y presionarán para frenarla.

El recorrido para que la reducción de jornada sea efectiva se prevé largo. La norma debe recibir los preceptivos informes de los órganos consultivos y después regresará de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley. Pero una vez llegue al Parlamento los tiempos escaparán al control del Gobierno, ya que allí tendrá que superar enmiendas totales y enmiendas parciales que pueden presentar los grupos. Y en ese camino es donde todavía hay que convencer a las formaciones y, singularmente, a Junts, que la víspera dejó en el aire su apoyo lamentando que no se haya negociado previamente el texto con ellos. «Cosa que no ha pasado hasta ahora», incidió su vicepresidente, Josep Rius.

Tras enterrar el hacha de guerra, Díaz y Cuerpo escenificaron la superación de sus discrepancias -con «mucho amor, síntesis y política», ironizó la dirigente de Sumar- y cerraron filas en torno a la postura del Ejecutivo de ir todos a una a partir de ahora. «Siendo conscientes de nuestra situación de minoría parlamentaria, este es un proyecto de Gobierno y de país y bajo ese paraguas estamos todos», defendió la ministra portavoz, Pilar Alegría.

La rebaja cuenta, a priori, con el visto bueno de los socios parlamentarios del Ejecutivo, a excepción de los de Carles Puigdemont. Díaz evitó referirse directamente a Junts ni concretó siquiera si ha abierto ya la negociación con ellos, limitándose a señalar que Cataluña será una de las regiones más beneficiadas por esta medida y que espera que la comunidad «dé lo mejor sí misma». «Estoy convencida de que hay margen porque la medida está ganada en la calle. Es muy difícil buscar razones para tumbarla», subrayó.

El sí de Junts no sería necesario de contar con el apoyo del PP, por lo que la ministra de Trabajo descargó toda la presión sobre los populares, a los que acusó de hacer una oposición «totalmente destructiva» y una «política inútil». En este sentido, Díaz llamó a la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo a ser «prácticos» y a que apoyen esta medida cuando llegue al Congreso. «137 diputados del PP deben decidir esto. Quiero recordar que este debate de la reducción laboral fue al Congreso y el PP se abstuvo», zanjó.