Gobierno y comunidades negociarán renovar hasta mediados de febrero las ayudas a parados del Plan Prepara

Así lo anunció este lunes el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, tras reunirse con las principales patronales (CEOE y Cepyme) y sindicatos (UGT y CC OO) para analizar el impacto de la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia dictada el pasado 20 de julio confirma que salvo excepciones –y la del Plan Prepara no sería el caso– la competencia sobre políticas activas de empleo debe recaer en las autonomías. Por eso, el Ministerio tiene previsto convocar a finales de agosto o principios de septiembre una conferencia sectorial con todas las comunidades.

Antes mantendrá contactos con los respectivos directores generales para solucionar la extensión del programa Prepara por otros seis meses, esto es, hasta mediados de febrero próximo. Riesgo espera que no haya problemas al respecto para que «nadie quede desprotegido», pero los agentes sociales temen que algunos territorios como País Vasco –autor del recurso ante el Constitucional sobre este caso- y Cataluña vayan a ceder unas competencias que la justicia acaba de corroborarles.

El argumento que el Ejecutivo pretende usar para convencerlas es que sería solo una autorización “temporal” por parte de las administraciones autonómicas a la central para una prórroga por medio año, con el compromiso conjunto de alcanzar durante este tiempo un acuerdo para la nueva reasignación de atribuciones sobre políticas de empleo. Por ello desde los sindicatos hablaron este lunes de que las comunidades podrían realizar una encomienda de gestión a favor del Gobierno para el Plan Prepara, aunque tal extremo aún no está decidido.

No obstante, el secretario de Estado de Empleo estima que la «mayoría» de parados podrá acceder a otros programas de reinserción y ayudas para desempleados ( como el PAE y el RAI, por sus siglas, entre otros). En cualquier caso, la ayuda de 420 euros mensuales de media (la horquilla prevista está entre 400 y 450 euros) mediante el Prepara se podrá seguir pidiendo y una vez prorrogado se podrá cobrar con carácter retroactivo desde el 15 de agosto, fecha actual de vencimiento. La idea será poder aprobar esa medida en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones estivales, previsto para el próximo día 25, pero dependerá del consenso con las CC AA.

El Plan Prepara es, en realidad, la continuidad del primer programa extraordinario de ayuda a desempleados que el Ejecutivo puso en marcha por la crisis. Se llamaba Prodi hasta ser rebautizado en 2011 con su nombre actual. Desde finales de ese año hasta comienzos de 2017 se han beneficiado de él prácticamente 700.000 personas en paro.

Ya en septiembre -la primera reunión se ha convocado para el día 4 de ese mes- el Gobierno abordará con las propias comunidades y los agentes sociales (patronales y sindicatos) la «reconversión» de ese tipo de programas de protección a desempleados de larga duración. El objetivo pasa por «simplificarlos» y, a la vez, adaptarlos a los requerimientos competenciales del Constitucional. El Ministerio pretende aprovechar esos cambios para potenciar las iniciativas dirigidas a mayores de 50 años.