El salario mínimo comenzará el año congelado a la espera de un acuerdo

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no quiere tirar aún la toalla y, tras las vacaciones de Navidad, reanudará las negociaciones con los agentes sociales para tratar de alcanzar un acuerdo que en los últimos años se le ha resistido por el rechazo de la patronal. No obstante, todo hace prever que el nuevo incremento oscilará previsiblemente entre el 4% y el 5%, por lo que pasará de los actuales 1.080 euros a entre 1.123 euros y 1.134 euros al mes en 2024, repartidos en 14 pagas. Es decir, experimentará una subida de entre 43 y 54 euros al mes y, aunque no vea la luz antes de que termine el año, es previsible que, tal y como ha sucedido en otras ocasiones, se apruebe con carácter retroactivo y, por tanto, comience a aplicarse desde el 1 de enero.

De igual forma, las bases mínimas de cotización comenzarán el año congeladas en los actuales 1.260 euros al mes, puesto que, tal y como está establecido por ley, se elevan de manera automática con el salario mínimo, según recoge la orden por la que se desarrollan las normas legales de cotización para el próximo año que está en trámite de audiencia pública. Habrá que esperar, por tanto, a que se decida el nuevo SMI y se aprueben nuevos Presupuestos para saber en qué cuantía suben las cuotas de los trabajadores que menos ganan, que a su vez experimentarán un pequeño alza debido al encarecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que pasa de suponer el 0,6% de las cotizaciones al 0,7% ya en enero. Con esta décima más el Gobierno prevé ingresar 954 millones extra en 2023 y destinará 3.690 millones a la 'hucha' de las pensiones.

En el otro extremo, los más de 1,5 millones de trabajadores que cotizan por el máximo ya saben que en enero sus bases pasarán de los actuales 4.495,5 euros a 4.720,50 euros en 2024, según establece el documento publicado en la web del Ministerio de Seguridad Social. Este incremento del 5% supondrá un alza en sus cuotas de más de 63 euros al mes que inyectará a las arcas de la Seguridad Social un extra de 590 millones, según estima la memoria de impacto económico a la que ha accedido este periódico.

El Gobierno tiene muy complicado conseguir un acuerdo tripartito para subir el salario mínimo como sí alcanzó al inicio de la anterior legislatura. Los empresarios están en pie de guerra contra el Ejecutivo, más tras su última decisión de colar, sin previo aviso, la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales y sectoriales en la reforma del subsidio por desempleo.

Esto ha tensado aún más unas relaciones que en el último año están en la cuerda floja y no parece probable que vayan a dar su apoyo a una nueva subida del salario mínimo, más cuando el Ministerio de Hacienda se ha negado en redondo a modificar la ley de revisión de precios en los procesos de contratación pública, para que se actualicen con el salario mínimo y las empresas puedan así repercutir estos incrementos en los contratos en ejecución.

La patronal advierte que sin esta medida no aceptarán ningún incremento, aunque el Gobierno, y también los sindicatos, les amenazan con que si se salen de la negociación la subida puede ser mayor que ese 4% que ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Trabajo y podría acercarse al 5% que exige CC OO.