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La incertidumbre sigue a la orden del día para 1,5 millones de funcionarios en España (20.000 mutualistas en Cantabria) ante la falta de un acuerdo con las aseguradoras para Muface. Por ello los sindicatos CC OO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, Acaip, SIAT, SUP, ACAIP y USO en «una muestra de unidad sin precedentes» han organizado una concentración este miércoles 11 que tendrá lugar tanto en Madrid como en todas las capitales de provincias españolas, Santander entre ellas. Una convocatoria que exigirá un acuerdo urgente que garantice la asistencia sanitaria para los trabajadores públicos afectados.
En la capital cántabra la concentración tendrá lugar a las 18.00 horas en la Alameda Jesús de Monasterio 10, frente a la sede de Muface de la región. Al igual que en el resto de provincias, la manifestación tiene como objetivo reclamar tanto al Gobierno como a las aseguradoras un acuerdo urgente que asegure «la tranquilidad y calma» en la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios. Según han denunciado los sindicatos en un comunicado remitido por ANPE, la asistencia sanitaria del funcionariado público «se encuentra seriamente comprometida» tras la renuncia de las aseguradoras a participar en el concierto sanitario de Muface.
Las organizaciones convocantes exigen al Gobierno celeridad en la firma de un nuevo convenio y la presentación de un plan de viabilidad que garantice la asistencia sanitaria del funcionariado. Al mismo tiempo, denuncian «la actitud» de las aseguradoras, que, en su opinión, bajo el argumento de que el modelo Muface está «infrafinanciado», buscan «aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado y de la salud de las personas mutualistas».
«Las aseguradoras, en su afán por maximizar sus ganancias, están derivando a la sanidad pública los casos más graves y costosos de atender, utilizando a las personas mutualistas y sus beneficiarios como rehenes y poniendo en riesgo su salud», han censurado. Los sindicatos reclaman a las aseguradoras que «prioricen la debida atención sanitaria de las personas mutualistas sobre los réditos económicos que pondrían en peligro la nueva licitación» para lo que es necesario un acuerdo «estable, razonable y satisfactorio. Además, demandan mayor transparencia por parte del Gobierno y de la propia mutualidad en todo este proceso.
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