Solo el 8% de las empresas obligadas por ley tienen registrado un plan de igualdad

A la vista de estas cifras, la inmensa mayoría de las compañías se está saltando este deber que tienen desde hace doce años, concretamente desde 2007, cuando vio la luz la primera Ley de Igualdad. Pero con la nueva legislación aprobada hace poco más de seis meses, esta obligación se amplía progresivamente a todas las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores, aunque se les da un plazo de entre uno y tres años para elaborarlo y ponerlo en marcha. Así, el próximo año será obligatorio para las que tengan más de 150 personas en plantilla, en 2021 para las de más de 100 trabajadores y se extenderá a las de más de 50 en 2022. Esto supone que en poco más de dos años 31.000 empresas deberán tener ya en marcha un plan de igualdad.

Desde UGT denunciaron que el grado de cumplimiento de esta ley ha sido «simbólico» y está «claramente lejos de las expectativas» que generó la ley de igualdad, al tiempo que demandaron que se elabore ya el desarrollo reglamentario que prometieron, puesto que en muchas ocasiones se ven obligados a judicializar el propio desarrollo del plan. En este sentido, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, hizo hincapié en que los planes de igualdad tienen que estar adaptados a cada compañía, como la propia ley dice, algo que no ocurre y «son calcados de una empresa a otra, y sirven igual para las trabajadoras de un hotel que para las de una industria». En este sentido, advirtió de que su elaboración «está recayendo en los de siempre: grandes despachos, consultoras, que lo que hacen es lucrarse haciendo planes como churros».

Y es que la igualdad en las empresas sigue siendo una asignatura pendiente doce años después. Sólo un 25% de las compañías cumple con tener al menos un 40% de representación femenina en sus consejos de administración, mientras que un 64% no tiene ninguna mujer en sus cargos directivos, según un informe elaborado por la consultora Informa. Y en el Ibex la situación es parecida: la presencia femenina en los consejos aún se encuentra en el 26%, y previsiblemente no llegará al 30% recomendado por la CNMV para 2020, según los datos actualizados por la organización WomenCeo.

Tampoco mejora la brecha salarial, que, lejos de reducirse, se agranda y se necesitará todavía más de un siglo de historia para cerrarla, según un informe presentado en el Foro Económico Mundial de Davos. Así, las mujeres en España cobran de media casi 5.800 euros menos al año que los hombres, lo que sitúa la brecha salarial en el entorno del 22%, con datos de 2017 de la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada recientemente por el INE.

La nueva ley aprobada en marzo situó el límite de la brecha salarial en el 25%, lo que supone que si alguna empresa lo supera, se considerará que hay discriminación y tendrá que justificarlo. Pero la media de muchos sectores supera este porcentaje, como en la banca y los seguros, el comercio, las actividades inmobiliarias y administrativas, la sanidad y servicios sociales, entre otros.

«No se pueden hacer leyes para que luego no se cumplan», denunció Antoñanzas, que aseguró que UGT «vigilará» por que se ejecuten todos los planes de igualdad y se establezcan una serie de mínimos porque han detectado «muchas reticencias». Pero no solo en esto. Desde el sindicato anunciaron que han puesto en marcha una campaña bajo el lema 'Tus derechos no se negocian, se cumplen', con la que pretenden denunciar a cada empresa que no se cumpla, además de con los planes de igualdad, con el registro de jornada y la subida del salario mínimo, ya que las empresas lo aplican «como les viene en gana» y utilizan complementos para compensarlo que no se pueden absorber, como ocurre en los convenios del campo de Canarias, Alicante y Ciudad Real, así como en los de restauración en Las Palmas, La Coruña y Málaga, entre otros. A su juicio, la Inspección de Trabajo debería «actuar de oficio» y no solo cuando se denuncie.