El Gobierno por fin cifra los afectados por un ERTE: cerca de cuatro millones

«Son 3.889.000 trabajadores y trabajadoras los que se están viendo beneficiados por los expedientes de regulación temporal de empleo», precisó Sánchez, aunque no aportó detalles de cuántos está recibiendo ya las prestaciones. Incluso el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue un poco más allá y afirmó que, según el SEPE, existen en torno a cuatro millones de personas afectadas por un ERTE, lo que equivale al 16% de la población activa. Y apuntó también que a más del 50% de los expedientes ya se les ha realizado la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social.

La última vez que desde el Gobierno ofrecieron cifras oficiales sobre este tema fue el pasado 2 de abril, durante la presentación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. Entonces Yolanda Díaz habló de que el SEPE había reconocido la prestación a 620.000 trabajadores afectados por un ERTE, aunque los datos que manejaban los sindicatos eran también muy superiores, cercanos a los dos millones.

Lo que sí admitió la ministra en su intervención en la Cámara Baja fue que «el empleo se nos está desplomando». Y precisamente por esto justificó su decisión -que calificó de «difícil, como todas»- de desviar más de la mitad de los fondos previstos para desarrollar las políticas activas de empleo, gestionados en su mayor parte por las comunidades autónomas y que «superan los 5.000 millones» -según apuntó ayer la ministra-, para pagar la prestación por desempleo, algo que no ha sido bien acogido desde los gobiernos regionales.

En este sentido, aseguró que, ante la previsión de que esos fondos «no iban a poder ser ejecutados», las opciones del Gobierno eran dirigirlos a remanente de tesorería del SEPE -como, recordó, ha pasado durante los ejercicios 2016-2018- «o dar de comer a la gente». «A lo mejor nos hemos equivocado, pero creemos que hemos elegido bien», estimó Díaz. De esta forma, y tal y como se aprobó por decreto, el Estado podrá disponer de más de 2.400 millones de euros (según el presupuesto estimado en el ejercicio 2019) que hasta ahora en su mayor parte utilizaban las Comunidades Autónomas para principalmente formar a sus parados. Sin embargo, la diputada gallega señaló que en el Ministerio tampoco conocen «cuál va a ser la recaudación en formación». «No son 2.000 millones, no lo sabemos, porque se nos está desplomando el empleo y, por tanto, no sabemos cuál va a ser el reparto», admitió.