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Solvay informó ayer públicamente de las cifras que maneja para poder acometer la transición energética en su complejo de Barreda y blindar así el futuro de una instalación actualmente volcada en la producción de carbonato que mantiene una dependencia vital del carbón para su funcionamiento, ... una fuente energética llamada a la extinción en el corto plazo ante el aumento de las limitaciones a sus emisiones y el incremento del coste de las mismas. La química belga respondió a las dudas de los trabajadores durante la presentación colectiva de la evolución del Grupo a nivel mundial en el primer trimestre. En ese encuentro puso cifra a la potencial inversión en la planta para garantizar una sostenibilidad en cuanto a materias primas: entre 100 y 150 millones de euros.
El dato fue la principal novedad respecto al contenido abordado el martes en la cita con el comité de empresa, en el que ya se dejó claro que el cambio del carbón a otro tipo de energía es una actuación crucial para la corporación.
No sólo eso, sino que la organización igualmente abordó la coyuntura actual y la necesidad de que la Administración española se involucre en el proyecto. ¿Cómo? Tal y como avanzó ayer este periódico, sufragando parte del coste de la renovación de equipos y tecnologías en un porcentaje que oscile entre el 20 y el 30%. Con los guarismos manejados ayer, casi 50 millones en el mayor de los escenarios.
A este respecto, el personal cuestionó a la Dirección respecto a qué pasaría si, principalmente el Ministerio de Energía, no se involucra en esta modernización de la fábrica. Fuentes presenciales sostuvieron que los responsables de Solvay incidieron en que en la actualidad centran su atención en ese 'Plan A' sin adelantar otras consecuencias en el supuesto de que las diferentes negociaciones no lleguen al término deseado.
Porque lo que la corporación tiene claro es que desea un respaldo similar al que el Grupo ha venido recibiendo en Europa para sus plantas de carbonato. En este sentido, diversos ejemplos. Para garantizar el porvenir de la planta emplazada en la localidad italiana de Rosignano se rubricó en 2017 un memorando que contempla una inversión por 223 millones, de los que 108 provienen de las administraciones públicas en un calendario de abonos hasta 2026. En Alemania, en cambio, se ha logrado que el Gobierno corra con una parte del gasto próxima al 30%, según fuentes conocedoras del proceso. No sólo eso. Según divulgó el sindicato USO en diciembre, también la fábrica ubicada en Devnya (Bulgaria) va a disfrutar de mejoras valoradas en 243 millones de euros.
¿Y Torrelavega? Solvay siempre ha defendido un compromiso de gasto anual próximo a los 30 millones en el Besaya entre mantenimiento y mejoras, pero la corporación ya ha avisado de que el problema energético es «crítico» para el medio plazo, de ahí sus negociaciones con la Administración, en especial con el Ministerio dirigido por Álvaro Nadal, que es el que podría disponer de mayor capacidad presupuestaria. La Consejería de Industria de Cantabria, consultada por este periódico, aún no se pronuncia.
Según detallaron desde la propia química el martes, Madrid ha recibido con buena predisposición las necesidades de la compañía, en especial por la sensibilidad existente en el Ministerio con la reducción de emisiones contaminantes y disminuir el papel que tenga el carbón a futuro en la industria pesada nacional. Eso sí, esa buena voluntad no ha implicado de momento un acuerdo sólido en forma de dinero, pues el Gobierno pilotado por Mariano Rajoy, que acaba de obtener los apoyos suficientes para aprobar el Presupuesto de 2018, está estudiando los recursos disponibles para responder a las demandas de la corporación.
Según fuentes conocedoras del caso, hasta el momento la única propuesta desde Energía gira en torno a la potencial concesión de un crédito en condiciones ventajosas, algo que la química entiende que no se corresponde al calado del plan ni a la repercusión del mismo para la economía y el empleo de Cantabria.
Además, está previsto que en junio o julio se traslade desde Torrelavega al Comité de Dirección del Grupo en Bruselas una primera propuesta de inversiones para afrontar esta modernización en Barreda, aunque los responsables ya avanzaron a los sindicatos que sin el respaldo institucional no hay garantía de que la corporación dé luz verde al gasto.
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