Fue el gran borrón de la anterior legislatura con el PP al frente del Gobierno de Cantabria. El proyecto para que la compañía Ecomasa pusiera en marcha una fábrica de estufas en Maliaño se llevó 18 millones de euros públicos más otros 3,2 ... de los trabajadores de Teka que comprometieron su indemnización por despido para encontrar acomodo en la nueva aventura industrial que contaba con el respaldo de la Administración autonómica. La firma entró en concurso de acreedores y la gestión de la iniciativa aún sigue siendo auditada por los tribunales, tanto en vía penal como mercantil. Por el camino, el Parlamento albergó una comisión de investigación cuyas conclusiones acaba de archivar la Fiscalía al entender que no aportan nada nuevo a lo examinado en sede judicial.
Pero hay más, dado que las tribulaciones para el Ejecutivo no acaban aquí. El Tribunal de Cuentas (TC) ha abierto diligencias contra la firma pública Sodercán por el cambio de gestión en Ecomasa, esto es, la decisión por la que se aprobó la retirada de los empresarios que promovieron el plan, Andrés de León y Jesús Lavín, y que se pusiera al frente de la organización la consultora vasca HUB Advisory con el encargo de diseñar un plan de viabilidad que diera oxígeno al planteamiento, condición para que el erario regional liberara más fondos para relanzar la factoría.
Cuentas pone la atención sobre los hechos acaecidos en febrero de 2015, cuando Sodercán, con un 30% del capital de la empresa frente al 70% de los promotores, consiguió que éstos se echaran a un lado. El Ministerio Fiscal, en relación con el informe anual de fiscalización de la Comunidad relativo a aquel ejercicio, «aprecia la posible existencia de indicios de responsabilidad contable en el cambio de gestión acordado» al no tener constancia documental de que se hubieran solicitado varias ofertas antes de encargar el trabajo a HUB Advisory. El Tribunal igualmente tiene en consideración que el Gobierno autonómico acordó en su día la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por considerar que pudiera haber desvío de fondos previstos para la actividad de Ecomasa hacia un entramado de empresas creado por los promotores del proyecto.
El Gobierno se muestra tranquilo y cree que el procedimiento «no tiene recorrido»
Ante estas diligencias preliminares abiertas en abril, Sodercán ha presentado alegaciones solicitando el archivo del procedimiento al entender que no le corresponde ninguna responsabilidad sobre estos hechos, ni siquiera contable. El argumentario del Ejecutivo gira, principalmente, en torno al hecho de que Ecomasa es una empresa «privada», teniendo en cuenta, además, que sí que se llevó a cabo una selección entre diversos candidatos y sus correspondientes propuestas antes de elegir a HUB.
Consultado por este periódico, el Gobierno se muestra tranquilo ante el proceso abierto desde el TC y avanza que «no tiene recorrido». No sólo eso, sino que el Ejecutivo PRC-PSOE abunda en que «los asesores jurídicos sostienen que el tema no es relevante». En consecuencia, se está «a la espera» de que Cuentas dé respuesta a las alegaciones autonómicas.
El Ejecutivo ha alegado que Ecomasa era una firma privada y que se hizo una selección de candidatos
Condición 'sine qua non'
El cambio de gestión al frente de Ecomasa era una condición irrenunciable por parte del Gobierno regional para continuar inyectando ayuda financiera a la planta de estufas camarguesa que operaba bajo la marca comercial de Nestor Martin.
Los nuevos gestores tenían orden de redactar un plan de viabilidad en tres semanas y juzgar si la empresa era viable o, por el contrario, se enfrentaba al peor escenario posible: la entrada en concurso de acreedores ante la imposibilidad de mantener la situación que se daba.
El cambio de signo político en Peña Herbosa tras las elecciones de mayo de 2015 igualmente fue clave en el devenir de la compañía. El nuevo Gabinete conformado por PRC y PSOE concluyó que la propuesta no tenía más recorrido y la organización declaró su insolvencia en septiembre.
Los mayores perjudicados, más allá de las arcas públicas, fueron los trabajadores, que tuvieron que pleitear para cobrar parte de sus nóminas atrasadas y obtenerlas finalmente a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
La juez rechaza las conclusiones del Parlamento de Cantabria
Año y medio estuvo el Parlamento de Cantabria celebrando una Comisión de Investigación en torno al destino de los 18 millones de euros públicos perdidos en el proyecto de Ecomasa. Unos trabajos cuyas conclusiones, en cambio, han tenido nulo recorrido en los tribunales. El último en rechazar el material ha sido el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, que pilota la causa penal en torno al fallido proyecto empresarial. En su caso, la magistrada sostiene que «nos encontramos ante conclusiones de carácter político, diferentes según el grupo parlamentario del que proceden, algunas de las cuales se refieren a hechos que ya han sido sobreseídos en las presentes diligencias previas y que, en modo alguno, resultan útiles o pertinentes a los efectos del esclarecimiento de los hechos objeto de la presente instrucción».
En consecuencia, en un auto fechado el pasado día 15, se resuelve la no incorporación de las conclusiones de la Cámara al procedimiento que aún sigue abierto.
Esta negativa judicial se suma a la notificada por el Ministerio Público igualmente días atrás. En una decisión divulgada por el PP, la formación política sobre la que se cernían las acusaciones, la fiscal superior, Pilar Jiménez, optó por archivar las diligencias al estar abierta una investigación penal sobre este asunto a raíz de la querella que presentó el comité de empresa.
La fiscal explicó que están personadas en ese procedimiento las representaciones de Sodercán y el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), que aportaron fondos públicos al proyecto. Los intereses del Gobierno «se hallan por tanto plenamente representados».
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