UGT reclama cambios en el despido individual, con 4.000 casos al año en Cantabria

La central ugetista, que ha demandado judicialmente el sistema de despido español a la UE en un proceso ya admitido a trámite por el Comité Europeo de Derechos Sociales, insiste en que la regulación española de despido «ni resarce suficientemente a la persona trabajadora despedida ni disuade al empleador a no recurrir al despido».

De hecho, la demanda judicial del sindicato considera que la regulación española del despido vulnera la propia Carta Social Europea y el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en uno de los países europeos «con mayor proliferación de despidos de toda Europa», como recalca el secretario de Acción Sindical de UGT en Cantabria, Valentín Fernández.

«Desde la reforma laboral de 2012 el despido se ha normalizado y el injustificado ha pasado a ser libre y escasamente pagado», matiza Fernández, que recuerda que con aquella reforma laboral «se incentivó la temporalidad, los bajos salarios, una menor protección de la persona despedida y una clara tendencia a despedir desde un principio aunque sea sin causa justificada o mínimamente razonable, entre otros motivos, porque se medio vació la propia causa del despido».

Según un informe elaborado por la Vicesecretaría Confederal de Política Sindical de UGT, «el sistema español está de por sí viciado«; y »no disuade al empleador del despido por muy arbitrario e injustificado que sea éste porque sabe que antes de que llegue a los tribunales de justicia habrá mediaciones previas y opciones de acuerdo con el trabajador afectado«, puntualiza el responsable regional de Acción Sindical del sindicato.

En Cantabria, más de la mitad de los casos de despido individual gestionados el año pasado por el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) concluyó con avenencia o un acuerdo entre el empresario y el trabajador que evitaba el posterior proceso judicial, en concreto 1.162 de los 2.197 registrados.

En España, un porcentaje similar de un 52% de estos despidos individuales tramitados por otros organismos mediadores como el Orecla concluyó con avenencia en 2022 (120.017 de un total de 227.646), lo que, según subraya Fernández, «demuestra claramente que al empresario le sale fácil y barato despedir y, además, siempre tendrá la posibilidad de enmendar por el camino su injusta medida y evitar la sanción judicial».

De hecho, según el Ministerio de Empleo y el Consejo General del Poder Judicial, casi un 38% de los casos de despido que llegaron a los tribunales de justicia en la Comunidad durante 2022 también se resolvió con conciliaciones antes del juicio correspondiente, en concreto 363 de los 968 expedientes registrados.

En Cantabria, los 288 casos de despido que concluyeron con sentencia favorable para el trabajador en 2022 implicaron una indemnización media de 15.981 euros, tres veces más que los 5.426 euros de la registrada en las conciliaciones previas.

Como destaca el secretario de Acción Sindical de UGT en Cantabria, uno de los motivos de la demanda judicial del sindicato contra la actual regulación del despido en España alude a la «especial discriminación que sufren las personas trabajadoras con un empleo temporal y menos tiempo en su puesto de trabajo».

De la media anual de 4.139 despidos individuales registrados en Cantabria entre los años 2018 y 2021, según las últimas estadísticas disponibles de Despidos y Costes del Ministerio de Empleo, más de un 60% correspondió a 2.613 personas con un contrato indefinido y una indemnización media de 12.817 euros, mientras que los casos con un contrato temporal apenas alcanzaron un 9% de esa cuantía (1.112 euros).

Si se toma como referencia el último año analizado de 2021, estas diferencias fueron aún mayores porque los despidos de personas trabajadoras con contrato indefinido en Cantabria alcanzaron una indemnización media de 14.769 euros, once veces superior a los 1.330 euros de la de un despedido con empleo temporal.

Por ello, UGT insiste en su reivindicación de que el sistema de despido español tiene que incluir una indemnización básica mínima de al menos seis meses para las personas trabajadoras con un contrato eventual y otra adicional para «resarcir al despedido y disuadir al empresario a no desprenderse de él».