UGT no respalda las pruebas de alcohol y drogas en las empresas

Fue el coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud y experto en adicciones de UGT-Salud Laboral, Ramón Gil, quien se mostró en contra de este tipo de pruebas en el entorno laboral. No obstante, señaló que es un frente al que se debe de prestar atención puesto que, mantuvo, los riesgos psicosociales y de salud mental son «los menos evaluados» por las empresas y recalcó que aquellos trabajadores con empleos con peores condiciones (jornadas prolongadas, monotonía, escaso tiempo de descanso...) manifiestan «mayores» niveles de adicciones, bien con sustancias (alcohol o drogas) o conductuales (ludopatía o dependencia del móvil...).

Por ello Gil durante el encuentro, en el que también participó el responsable regional de la materia, Marcos Flores, valoró que lo primero que deben hacer las empresas es cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, por otro lado, implantar medidas preventivas y desarrollar campañas de formación e información. Por todo ello aboga por dejar de lado los programas que las empresas están llevando en esta materia, que en su mayoría están encaminados a la implantación de test. Unas pruebas diagnósticas que «no sirven», y menos aún «en aquellas adicciones sin sustancia, porque no existe ningún aparato que te detecte si tienes un problema de ludopatía o tienes adicción al móvil», ejemplificó.

No obstante, Gil recalcó que en UGT «no se niegan a hablar de las pruebas de detección», pero es un recurso que debe estar «siempre al final del libro». Porque antes defienden que «haya un plan de prevención y acompañamiento en materia de adicciones», aunque vaya acompañado también de dichas pruebas de detección», reconoció el sindicalista, que explicó que las personas adictas son «carne de cañón» pues tienen «mayor absentismo» y la «probabilidad de que sean despedidos o incluso se pueda provocar algún tipo de accidentes es mayor».

Sí ha subrayado que deben cumplirse «determinadas condiciones», como por ejemplo que la implantación de estas pruebas se lleve con el visto bueno de los representantes sindicales, que formen parte de un plan de prevención contra las adicciones más amplio; que haya «confidencialidad, voluntariedad y que no se tomen medidas coercitivas o disciplinarias» con quienes den positivo «porque al final son personas enfermas». Por todo ello insistió en que «lo que hay que hacer es ayudarles» y el objetivo final debe ser «proteger» a esa persona para que «se pueda rehabilitar». A la par, incidió en que «no debe haber una única prueba», sino que el trabajador debe tener derecho a que se le haga una segunda con otra técnica y que los aparatos con los que se realizan pasen controles de calibración y auditorías.