Varios operadores amenazan al Puerto con irse si no se pone fin a la incursión de polizones

Porque cuando todo hacía pensar que las tribulaciones por estos sucesos habían remitido, las intrusiones han vuelto a ser objeto de debate en la cúpula portuaria. Las incursiones se han seguido produciendo en los primeros meses de 2019, incluso con jornadas con cerca de 30 entradas irregulares en los muelles de la capital, con el consiguiente perjuicio para los operadores.

Es en este contexto en el que el Puerto ha admitido lo evidente, y que ya sucedió el pasado año, el problema es «muy grave», por lo que es necesario adoptar medidas y dedicar recursos adicionales para frenar esta tendencia. Como ejemplo, se ha requerido a la organización que preside Jaime González para que explique el lugar por el que se están produciendo los accesos ilegales, a la par que se ha propuesto a la APS que cambie la valla actual por un cierre alternativo que cumpla con sus funciones de forma objetiva.

El sentir portuario, en todo caso, es el de cierta impotencia al considerar inadmisible que se culpe a la entidad del estado actual de la problemática, al entender que es un tema que requiere de una colaboración global, en especial desde la Administración central con mayores efectivos policiales, una voluntad difícil de ejecutar por las limitaciones presupuestarias que rigen la contratación pública.

El Puerto ya admitió el pasado ejercicio su «completa indefensión» ante la avalancha de entradas furtivas de polizones con la intención de alcanzar de forma ilegal Gran Bretaña a bordo de alguna de las líneas que flota Brittany Ferries.

Hace menos de un año la valoración fue clara: «Máxima preocupación y máxima trascendencia», acorde con la gravedad del problema, que se observaba como muy negativo para la organización.

La cúpula de la entidad tenía claro ya en 2018 que los saltos se promovían a través de «un grupo organizado», tesis ya apuntada por la Fiscalía de Cantabria al investigar una presunta red de trata de albaneses en Santander y Bilbao. De ahí la indefensión que lamentaba el Puerto, que en sus pasillos reconocía que la situación se iba a agravar «cada vez más». ¿Hasta qué punto? Pues hasta el extremo de que la APS temía por la integridad física de sus agentes y opinaba que «algún día sucederá una desgracia», aunque ya entonces «será tarde».

Los policías portuarios previamente habían remitido una carta a la APS denunciando la «gravísima situación» en que se hallaban, así como su «incapacidad» para afrontarla. Ahora, con nuevas medidas disuasorias como la mayor altura del cierre perimetral, parece claro que el Puerto deberá dar una vuelta a su seguridad para solucionar esta crisis de inmigrantes, una inquietud que también se extiende a otras radas como Bilbao. Las empresas son las que pagan las consecuencias de estas incursiones.