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La propuesta para apoyar la rehablitación de viviendas y animar a un amplio sector de actividad, que nació en Cantabria y que ha supuesto meses ... de gestiones, ha llegado a buen puerto. El pasado jueves, día 21, el Congreso de los Diputados convalidó el Real-Decreto de Medidas Medidas Urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Coordinado desde Cantabria por la interiorista Mara Pardo y la concejala de Santander Concha González Muriedas, con el respaldo de numerosos colegios profesionales, Anerr, asociaciones y colectivos del sector de la rehabilitación de viviendas, del diseño y del hábitat. Se presentaron varios documentos solicitando, al modo de los bonus italianos, desgravaciones fiscales para la reforma de viviendas como medida extraordinaria para incentivar la actualización del parque residencial y un impulso a la actividad laboral del sector en la pospandemia .
Frente al agravio comparativo que suponían las ayudas europeas que se conceden para la reforma de edificios completos, barrios y edificaciones civiles, el sector de la rehabilitación y reforma del interior de las viviendas quería hacer constar que desde el interior también se contribuye sustancialmente al cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030 desde el punto de vista de la eficiencia energética y de la salubridad. Además, conlleva la mejora de la habitabilidad en un momento en el que se valora más el bienestar en los hogares, por la mayor permanencia en ellos y el auge del teletrabajo.
Los aislamientos interiores, la iluminación, la ventilación, los sistemas de calefacción y climatización, la sustitución de ventanas y otras intervenciones contribuyen de igual modo que las envolventes a mejorar la eficiencia energética.
El sector planteó que, antes que las ayudas, son preferibles las ventajas fiscales, al modo de los bonos existentes en otros países de nuestro entorno, como Italia y Francia. Para conseguir estos resultados, se realizaron varios encuentros con los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista de Vivienda, Economía y Hacienda para presentar sus reivindicaciones. En este sentido, los diputados Pedro Casares y Ana Botella Gómez han sido piezas fundamentales para el logro de las propuestas (que finalmente se han alcanzado y aparecen el anexo al Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre).
El decreto recoge que el 81% de los edificios españoles tiene una calificación energética E, F o G, el 75% de los edificios residenciales no son accesibles y el 40% de los que tienen más de 4 plantas no tienen ascensor. Con este panorama y, cuando la meta de los objetivos de la agenda 21-30 es actuar sobre 300.000 viviendas anuales (en más de 10 veces la cantidad actual) para llegar a 2030 con 1,2 millones de viviendas rehabilitadas, es necesario tomar unas medidas extraordinarias para incentivar y así incrementar la actividad de la rehabilitación residencial.
Por tanto, a la Componente 2 del Plan de Rehabilitación y regeneración Urbana del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia y a los fondos Next Generation EU que financian dicho Plan, Ttmbién se ha sumado este Real Decreto 19/2021 que el Gobierno dota con 450 millones de euros para impulsar más de medio millón de actuaciones hasta primavera de 2026 con el objetivo de mejorar la eficiencia del parque inmobiliario en España.
Se podrán beneficiar de estas desgravaciones fiscales las obras realizadas en la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda desde su aprobación el pasado 5 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022 y con las siguientes cuantías: 20% de las obras, hasta un máximo de 5.000 euros, siempre que contribuyan a una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración; 40% de las obras, hasta un máximo de 7.500 euros, siempre que contribuyan a una reducción de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase «A» o «B», en la misma escala de calificación.
Además de estas medidas económicas extraordinarias, se ha modificado la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal relacionado con la supresión de barreras arquitectónicas o la colocación de ascensores en las Comunidades por las que se requerirá solo el voto favorable de la mayoría de los propietarios.
Al adoptar estas medidas, el Gobierno ha dado solución a las peticiones formuladas por el sector de la rehabilitación de viviendas, del diseño y del hábitat, añadiendo sus actuaciones a las de las grandes obras para adecuar las viviendas y espacios a las exigencias de accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.
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