El viaje de reinvención renovable tiende puentes para no dejar a nadie atrás

Hoy todavía queda en pie la central térmica, que quemaba el carbón de la mina para generar electricidad. Pero apenas tiene operación y está condenada al cierre definitivo. Endesa, la propietaria (y también de la antigua mina) está pendiente de la autorización del Gobierno para hacerlo. Ya tiene previsto su desmantelamiento y una serie de iniciativas industriales para que la región no se quede atrás, ni en su desarrollo socioeconómico ni en el proceso de descarbonización en el que estamos inmersos.

Por ejemplo, para compensar el cierre de la central la compañía construirá 1.300 MW de proyectos eólicos en la zona e instalaciones de generación de hidrógeno verde; cederá terrenos para que la compañía china Sentury Tire instale una fábrica inteligente de neumáticos y para que Ence levante una planta donde producir fibras naturales a partir de papel y cartón reciclado. También reconvertirá la terminal que Endesa utilizaba en el puerto de El Ferrol, para el tráfico de carbón con destino a la térmica, en un enclave para el transporte y almacenamiento de cargamentos a granel (grano, minerales...).

As Pontes no es solo uno de los ejemplos más sobresalientes de restauración ambiental del país. Cuando se lleven a cabo los planes previstos, también será un modelo de reconversión de una industria (la del carbón) a la que le ha llegado la jubilación. Y como As Pontes (junto a otros 13 municipios) hay otros 14 territorios en España en la misma situación.

Son las zonas de Transición Justa, que en total engloban 197 pueblos. Regiones que durante décadas han sido prósperas bajo el paraguas de las minas de carbón, de las centrales térmicas y también de algunas nucleares, todas tecnologías condenadas a la extinción. Su desaparición tendrá un impacto demoledor sobre esos territorios.

Las zonas de Transición Justa tienen su historia, y su sentido de ser. Para seguir la estela de una Europa descarbonizada, el Gobierno aprobó en 2019 la Estrategia de Transición Justa con el objetivo de mitigar los efectos negativos que una economía libre en carbono tiene sobre determinadas regiones.

En aquel momento el panorama era el siguiente. Por un lado, las comarcas mineras se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, tras décadas de sucesivos cierres, crisis y planes de reconversión que se venían sucediendo desde los años 70, cuando estas explotaciones (y las europeas) comenzaron a perder competitividad en el mercado internacional. Quedaban entonces 14 minas que pertenecían a ocho empresas.

A la par, las 16 centrales térmicas de carbón existentes en el país entraban en un nuevo paradigma. Las nuevas políticas de descarbonización; el protagonismo de las renovables que desplazó a las térmicas en el mix energético y, por tanto, vieron reducidos sus ingresos por la venta de energía; el aumento del precio de los derechos de emisión... conformaron la tormenta perfecta para que estas plantas auguraran un futuro desolador. Y comenzaron a tramitar sus cierres. De tal forma, que hoy día o están cerradas, o en proceso de hacerlo o lo harán a corto plazo.

A la vez en aquel 2019, también las principales empresas energéticas y el Gobierno acordaron el calendario de cierre de cinco centrales nucleares con sus respectivos planes de reconversión. Pero ya había dos, José Cabrera (Zorita, como se la conoce, en Guadalajara) y Santa María de Garoña (en Burgos), que habían iniciado el proceso sin tener unos planes alternativos de transformación que les acompañaran.

Así que se decidió actuar de urgencia. Se establecieron acuerdos sectoriales (uno para las comarcas mineras y otro para las centrales térmicas) entre Gobierno, empresas y sindicatos con el fin de apoyar a los trabajadores afectados y buscar actividades industriales tractoras (sobre todo proyectos renovables) para esas zonas. En el caso de las térmicas, las empresas que cerraron o cerrarán sus plantas han presentado ya sus planes, que se encuentran en diferentes grados de madurez y movilizarán más de 7.000 millones de euros.

En este contexto, aparecieron los Convenidos de Transición Justa para reactivar los territorios donde se clausuran minas, centrales térmicas y, muy específicamente, para las zonas afectadas por el cierre de la central nuclear de Zorita y la de Garoña.

Se han identificado 15 zonas de Transición Justa. «Nuestro objetivo es que estos cierres no tengan impacto en el empleo ni en la población de la zona. Buscamos alternativas para impulsar estos territorios», destaca Laura Martín, directora del Instituto de Transición Justa.

Desde este organismo se impulsan proyectos de muy diferente índole. Bolsas de trabajo y planes de formación para los trabajadores afectados por los cierres. Iniciativas municipales para dotar de mejores servicios a estas regiones. Ya hay un centenar de proyectos en este sentido (con un presupuesto de 145 millones) de muy distinta naturaleza: espacios para 'coworking', viveros de empresas, centros para actividades agrícolas, mejora de polígonos industriales, viviendas sociales para nuevos pobladores...

También se llevan a cabo planes de restauración ambiental para cerrar cicatrices en los espacios degradados por la minería. Así se recuperarán 3.700 hectáreas que contarán con una financiación de 200 millones. «Vamos más allá de restaurar. Queremos aportar valor con explotaciones forestales, o de árboles frutales u otro tipo de cultivos, para usos ganaderos, reacondicionando senderos de interpretación... Y recuperar los cauces y la calidad de las aguas», añade Martín.

El emprendimiento local es otro de los pilares. «Apoyamos con ayudas a las pymes que quieran desarrollar sus proyectos y que generen dos o tres empleos. Desde 2019, ya se han concedido 33 millones para 270 proyectos empresariales que crearán unos 1.200 empleos», matiza Martín. El pasado mayo se cerró otra convocatoria de 50 millones a la que se han presentado 300 solicitudes.

No solo se trata de atraer nuevos negocios sino de fijar también lo que ya están. «Las ayudas son muy importantes para negocios que ya están establecidos y tienen que innovar y crecer, o si no cierran. Son empresas que están en lugares alejados de centros económicos, en zonas rurales. O se invierte en el territorio o si no se van. Tenemos desde clínicas veterinarias a residencias de mayores, iniciativas turísticas, industrias agroalimentarias, albañiles, fontaneros... Se trata de construir una economía local diversificada y sostenible», indica Martín.

A las zonas de Transición Justa no les falta valor ni atractivo, como defiende Martín. «Cuentan -afirma- con buenas infraestructuras de conexión eléctrica, de aguas y comunicaciones ya que han operado en ellas grandes eléctricas. Alguna puede estar más ruralizada y habrá que mejorar servicios municipales. Es mano de obra cualificada, aunque haya que hacer cualificaciones específicas. Son regiones muy identitarias con las empresas, como lo fueron con sus minas y centrales térmicas. Y son zonas bellísimas, con gran calidad de vida».

Endesa es una de las compañías que trabaja por dar alternativas a los territorios donde está cerrando y desmantelando sus cuatro centrales térmicas (Andorra-Teruel, Ponferrada-León, Carboneras-Almería y As Pontes-La Coruña). «Son lugares donde se ha creado mucha riqueza y empleo por el efecto tractor de las centrales. Ahora buscamos activamente proyectos que nos puedan dar el relevo y que sigan generando riqueza y empleo», explica Juan Álvarez, responsable de los proyectos de Futur-e, donde se enmarcan estas iniciativas. «Trabajamos con dos objetivos -añade-: construir más megavatios de renovables que los que teníamos con las centrales que cerramos y buscamos proyectos industriales propios y, sobre todo, de terceros que se establezcan en nuestros emplazamientos. Para ello hemos convocado concursos internacionales».

Y como muestra un botón: el plan para acompañar la que fue una de las mayores centrales térmicas de España en Andorra (Teruel), en desmantelamiento. Para compensar el cierre, la compañía invertirá 1.500 millones de euros en los próximos cinco años y generará 500 empleos directos. Instalará 14 plantas eólicas y solares en diez municipios de la zona, que hibridarán con el almacenamiento de dos plantas de baterías y un electrolizador para producir hidrógeno verde.

Instalaciones que estarán abiertas a la ganadería, para que las reses ayuden en el desbroce del terreno. Y se llevará a cabo agrovoltaica, es decir los paneles solares convivirán con el cultivo de cereales y plantas aromáticas. Endesa tiene acuerdos con empresas locales para ello. John Deere aportará sensores para monitorizar los cultivos y Biorizon Biotech su experiencia en el uso de microalgas como abono agrícola.

La lista de iniciativas parece interminable: Forestal del Maestrazgo construirá una planta para suministrar astillas para calefacción. Soltec levantará una fábrica de seguidores solares. Pretersa otra para producir prefabricados de hormigón con los que construir torres de aerogeneradores. Y así podemos seguir con otros proyectos. Por ejemplo, ya en Compostilla (Ponferrada, León), Endesa ha proyectado, junto a otras empresas, la primera planta de reciclaje de palas de aerogeneradores de España y otra para el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos.

Naturgy también está desarrollando planes de acompañamiento para cada central térmica que cierre. «Incluyen propuestas de nuevas inversiones en los mismos territorios, planes de recolocación de personal, priorización de trabajadores de empresas auxiliares y colaboramos en planes de apoyo para mejorar la empleabilidad en las nuevas actividades», cuenta Silvia Sanjoaquín, directora de Nuevos Negocios de Naturgy. «En función de las características de cada una de las ubicaciones -añade-, apostamos por un tipo de proyecto u otro asegurando que los proyectos son viables y que permiten construir un modelo de negocio sostenible».

Así en la antigua central térmica de La Robla (León), Naturgy y Enagás levantarán una planta de hidrógeno verde con la inversión de 485 millones de euros y que estará operativa en 2026. Creará 400 puestos de trabajo. Y con Repsol y Reganosa proyecta un 'hub' de hidrógeno renovable en su central de Meirama (La Coruña), donde ha transformado la antigua mina en un lago artificial y un espacio de biodiversidad para impulsar el desarrollo turístico y ambiental de la zona.

La restauración de las antiguas minas es otro de los objetivos de transición justa. En la comarca de El Bierzo (León) se están recuperando mil hectáreas degradadas por el carbón: en la Gran Corta de Fabero, una de las minas a cielo abierto más grande de Europa; en Torre del Bierzo y Villagatón, y en las del municipio de Igüeña. «Las minas de cielo abierto producen un gran impacto visual y las escombreras ocupan un terreno que podía estar dedicado a pastos para el ganado. La idea es tumbar los aludes, rebajar las pendientes para facilitar la cobertura vegetal, retirar las escombreras que desviaron los cauces de los ríos, que hay que volver a recuperar, y sellar las bocaminas para evitar riesgos para las personas», explica Enrique Casaseca, director de las obras de Somacyl, la empresa que se encarga de estos trabajos. Después se hará un aporte de tierra y se utilizará la técnica de hidrosiembra para restaurar el paisaje. «Es una mezcla de semillas, abonos y fertilizantes que acelera la plantación», cuenta Casaseca. Se trata de recuperar el paisaje para otros usos: ganadero, turístico, áreas recreativas...

El Instituto de Transición Justa trabaja en un plan de desarrollo económico alternativo para los municipios afectados por el cierre de las centrales de Garoña (Burgos) y Zorita (Guadalajara) . Pedro Sánchez Yebra, presidente de AMAC (Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares), que aglutina 60 pueblos, da una idea de la magnitud de estas clausuras. «En una nuclear tipo trabajan entre 600 y 800 personas. Y en época de mantenimiento, una vez al año, pueden llegar otras mil personas más. Alrededor hay muchas empresas auxiliares que viven de todo lo que genera la central: talleres, tiendas, restaurantes... Cuando se cierra una central es una enorme pérdida de actividad. Es un problema que no puede resolver solo un ayuntamiento. Se necesita la colaboración de todas las adminsitraciones».

De ahí que defienda «causar el menor daño posible en estas zonas» con ayudas para generar industria, mantener las pymes y reconvertir servicios municipales. «Es necesario crear condiciones idóneas para que se mantengan las empresas y se establezcan otras nuevas. También para fijar población. Por ejemplo, con beneficios fiscales», añade.

Una transición justa para no dejar a nadie atrás, sobre todo a estos territorios que durante décadas han contribuido a proporcionar energía al resto del país.