Los vigilantes de seguridad piden protección jurídica y medidas frente agresiones

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO se han concentrado en protesta por el aumento de las agresiones que sufre el sector de la seguridad privada, que en la región se estima que supera el millar de trabajadores repartidos en unas 15 empresas.

Los cuatro sindicatos han demandado más protección jurídica para poder combatir las agresiones que sufren en el día a día de su trabajo.

Estas fuerzas sindicales han recordado que existe una Ley de Seguridad Privada, con un reglamento propio que la desarrolla, que lleva «parada desde hace más de cinco años». Han exigido que se actualice ese reglamento, se ponga en marcha y se incluyan las medidas de protección necesarias para un colectivo que, a día de hoy, «se siente desamparado».

De este modo, una de sus principales reivindicaciones es que se considere a los vigilantes de seguridad agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, un carácter del que ahora solo disfrutan cuando están bajo el mando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

«Somos la primera fuerza de choque antes de que llegue la Policía y nos encontramos serios problemas cuando hay grandes aglomeraciones, como es el caso de las estaciones de tren, los aeropuertos, o los centros comerciales. La realidad es que cuando llega la Policía o la Guardia Civil, los delincuentes ya están reducidos pero las penas que tienen son mucho menores que si fuéramos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado«, han subrayado los representantes sindicales a los medios de comunicación durante la protesta.

Además, los trabajadores del sector de la seguridad privada han demandado que a través de los planes de prevención de riesgos laborales se realice un estudio pormenorizado de cada centro de trabajo para dotar a los vigilantes del material de protección y autodefensa que se necesite en cada caso.

Los sindicatos han denunciado «el compadreo» entre las empresas de seguridad privada y las instituciones públicas competentes «que no supervisan como debieran el trabajo de los vigilantes».

En este sentido, han lamentado «la lentitud burocrática» y que a algunos vigilantes «les han denegado la petición de adquirir por su cuenta equipos de protección».