El aval para hipotecas podrá llegar al 25% y se aplicará según el precio de la vivienda

Las críticas del ala morada del Ejecutivo -que considera que este plan va en contra de la ley de vivienda y favorecerá la subida de precios- no han sido suficientes para frenar el plan por el que el Estado avalará hasta un 20% de la hipoteca a menores de 35 años o familias con hijos a su cargo «que tienen solvencia y capacidad financiera para poder comprar una vivienda, pero no disponen del ahorro necesario para la entrada».

Así lo explicó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras un tenso consejo de ministros en el que defendió que «la vivienda es uno de nuestros ejes políticos y no vamos a escatimar en recursos».

A la espera de la firma del protocolo definitivo entre Transportes y el ICO, Sánchez concretó que el aval se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de ampliarse dos años más. Y se podría ampliar del 20% anunciado al 25% si la vivienda dispone de una calificación energética mínima 'D'.

El Ejecutivo calcula que hasta 50.000 viviendas se podrían beneficiar de la medida. Pero el abanico podría ser mayor. Sobre todo porque la decisión de quién podrá acogerse a esas garantías públicas dependerá del precio de venta o de tasación y estará limitado por territorios. «No es lo mismo el precio de venta de una vivienda en Madrid, que en León o en Zamora», explican desde Transportes.

Para acceder a la ayuda, los solicitantes tendrán que cumplir un requisito de rentas: cobrar menos de 4,5 veces el iprem (37.800 euros al año). Si los firmantes son dos, ese tope se doblaría a 75.600 euros. «En el caso de las familias, el límite de ingresos se incrementaría en 0,3 veces el IPREM por cada hijo (2.520 euros brutos anuales). Y un 70% (hasta los 64.000 euros) si se trata de una familia monoparental», matizó la ministra de Transportes.

Los clientes tendrán que acudir al banco con el que hayan firmado la hipoteca para solicitarlo, teniendo en cuenta que la entidad también debe estar adscrita al convenio con el Ministerio de Transportes. En todo caso, siempre será el banco el que decida si concede o no la hipoteca (como siempre, esté o no avalada) dependiendo del perfil del cliente. Es decir, ninguna entidad se arriesgará a acumular morosidad futura.

Desde el Ejecutivo insisten en que los avales solo aplicarán en préstamos que no superen el 100% del valor del inmueble. Y habrá un límite temporal de funcionamiento de la ayuda, con una vigencia máxima de 10 años.

«Es innegable que nuestra apuesta es fomentar el alquiler asequible, pero también los es la realidad del deseo de muchas familias es optar a la compra de una vivienda, pero no disponen del ahorro necesario», defendió Raquel Sánchez ante las críticas a la medida.

Por otro lado, el Gobierno ya ha decidido los terrenos que el Ministerio de Defensa transmitirá a Transportes a cambio de más de 620 millones de euros para la promoción de cerca de 20.000 viviendas de alquiler social o asequible. Un plan que el presidente Pedro Sánchez anunció el pasado 25 de abril durante una comparecencia en el Senado.

Aunque el suelo sobre el que se construirá se reparte por 36 localidades, más de la mitad de las viviendas se concentrarán en Madrid (unas 10.500). Y no hay ninguna parcela planteada en País Vasco, Navarra o Baleares.

Además de estas medidas, el consejo de ministros también aprobó el martes el desarrollo de una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. Tal y como ya se había anunciado, el objetivo es movilizar hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años.

Así, Mitma distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible.

Los fondos, que el Gobierno se compromete a desembolsar antes del 31 de agosto de 2026, se podrán usar para la adquisición de suelo, la construcción de vivienda nueva y la adquisición de edificios para rehabilitar.

A cambio, los beneficiarios se comprometen a ejecutar las obras en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización de préstamo, en función del tipo de actuación y sus conficionantes, con opción a prórroga.

Las actuaciones de rehabilitación resultan claves para cumplir el objetivo de aumentar el parque de vivienda pública social y asequible. Según las estimaciones del Gobierno, apenas existen 300.000 casas bajo esta denominación en España. Solo representan entre el 2,5% y el 3% del parque total. La media en Europa es del 9%.

Otro de los movimientos en este sentido es la decisión de movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible, a través de tres líneas de actuación. En primer lugar, 21.000 viviendas para las comunidades autónomas y ayuntamientos a través de contratos de venta, de las que apenas 9.000 se encontarían ya listas para entrar a vivir. En segundo, 14.000 viviendas ya ocupadas por familias para las que se establecerá una línea de inclusión social. Y, por último, la cesión de suelos para construir (es decir, aún no estarían disponibles), en torno a otras 15.000 viviendas destinadas a alquiler social.