El caramelo envenenado de la ministra de Vivienda

A la ley de vivienda le siguió la creación del Ministerio de Vivienda. El origen de esta cartera ministerial se remonta a 1957; después, José Luis Rodríguez Zapatero también creó esta cartera ministerial que fue ocupada por María Antonia Trujillo, Carme Chacón y Beatriz Corredor. El ministerio de Zapatero desapareció tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hasta que lo rescató el actual Ejecutivo.

La ministra Isabel Rodríguez se estrenó defendiendo la vivienda como el «quinto pilar del Estado del bienestar» y pidiendo «confianza» a los jóvenes y «tranquilidad» a los pequeños propietarios. Esta semana se convirtió en el «saco de boxeo» de toda la oposición e incluso de sus socios por la «inacción» del Ejecutivo ante el problema de la vivienda.

El ministerio, un departamento con una capacidad limitada ya que son las comunidades autónomas las que tienen la mayoría de las competencias en Vivienda, se ha convertido para Isabel Rodríguez en una complicadísima gestión de uno de los principales problemas de la ciudadanía.

Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 1981) es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. En 2004 fue senadora por la provincia de Ciudad Real, la senadora más joven de la democracia, ya que solo tenía 22 años y todavía estaba estudiando la carrera. Llevaba dos años como alcaldesa de Puertollano cuando Pedro Sánchez la nombró ministra de Política Territorial en 2021 y portavoz del Gobierno.

Como ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho gala de su talante dialogante y es ferviente defensora de «la política que transforma la vida de la gente». Sin embargo, los resultados no la acompañan por ahora.

La ley de vivienda no ha tenido la aplicación esperada por el Gobierno. Al poco de aprobarse se celebraron elecciones autonómicas y municipales y cambió el color político de muchos gobiernos autonómicos. Pocas comunidades han aplicado los instrumentos que recoge la norma, como la declaración de zonas tensionadas para topar los precios de los alquileres. A ello se suma que el Tribunal Constitucional ha anulado varios artículos de la ley por invadir competencias autonómicas como el referido a la calificación permanente de la vivienda protegida para impedir su venta en el mercado libre.

Ese inicial apoyo parlamentario a la ley se ha diluido y, ahora, los grupos que la respaldaron exigen otras medidas. Así, Podemos avisa de que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2025 si el Gobierno no baja un 40% los precios de los alquileres. O Sumar, socio de gobierno pero uno de los más críticos con la política de vivienda del Ejecutivo, reclama que se prohíba la venta especulativa de viviendas y que solo se puedan adquirir para vivir en ellas o para ponerlas en alquiler asequible.

De todas las críticas recibidas en el debate en el Congreso de esta semana, la que más ampollas levantó en Rodríguez fue cuando Sumar y Podemos la situaron del lado de los rentistas, ya que la ministra posee varias propiedades en Ciudad Real. Rodríguez respondió enojada que sus propiedades «no valían ni a la mitad del chalet de Galapagar», en alusión a la casa que compraron el exvicepresidente Pablo Iglesias y la actual eurodiputada Irene Montero en ese municipio madrileño.

La ministra «perdió los papeles», según Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Pero el problema de la vivienda no se da solo en España. En Reino Unido, el primer ministro laborista Keir Starmer ganó las elecciones prometiendo la construcción de millón y medio de nuevas casas con cierto grado de protección; también Kamala Harris ofrece tres millones de casas nuevas.

En España necesitamos 600.000 viviendas más hasta 2025 para cubrir el déficit que existe sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante, según el Banco de España. La escasez de vivienda no solo genera malestar social. También, advierte Funcas, amenaza con convertirse en un cuello de botella para el crecimiento económico.