La CNMC, contraria a que las ‘web’ informen a Hacienda sobre los alquileres turísticos

En un requerimiento dirigido al Ejecutivo, Competencia califica de «dudosa relevancia tributaria» parte de la información que deben proporcionarle plataformas como Airbnb, Homeaway o Wimdu, entre otras. Al mismo tiempo, considera «innecesarios o desproporcionados» varios aspectos incluidos en la normativa como los relativos a trasladar la identidad del titular de la vivienda cuando no coincide con la persona que es la que alquila el inmueble -puede tratarse de hijos que le realizan esa gestión a sus padres, por ejemplo-; el número de días en los que se ha arrendado; así como la obligación de conservar toda la documentación durante un tiempo determinado.

La CNMC va más allá al apuntar que las obligaciones fijadas por Hacienda pueden tener un «efecto restrictivo de la competencia» para las empresas que no intervienen en toda la fase del alquiler de los pisos turísticos, porque la ley les impone «una carga sustantiva», con unos gastos y una operativa que deben asumir ahora, y que les puede acarrear incluso más costes en sus estructuras frente a otras compañías del sector que participan en todo el proceso del alquiler, desde la búsqueda hasta la gestión con el propietario. Además, considera que la norma «no delimita con claridad» quiénes son las empresas obligadas a proporcionar toda esta información para su tratamiento tributario.

Con esta iniciativa, la CNMC insta a modificar el último decreto aprobado por el Gobierno en 2017, en el que se establecía un modelo de la Agencia Tributaria (el 179) con el que las plataformas turísticas deben ofrecer trimestralmente los datos de quienes alquilen sus casas a través de internet, con datos como el del titular de la vivienda, el catastro del inmueble, el número de días de alquiler o el importe pagado. La medida entrará en vigor en julio, por lo que la primera declaración informativa, relativa al tercer trimestre del año, se deberá presentar en octubre; para los alquileres de este primer semestre, Hacienda ha habilitado un plazo extraordinario hasta fin de año.

A principios de año, con el decreto publicado en el BOE, plataformas como Airbnb o Homeaway mostraron su oposición a esta norma fiscal al considerar que debían proporcionar datos que iban «mucho más allá de lo necesario para combatir el fraude fiscal», como ahora sostiene la CNMC. De hecho, Hacienda ya realizó sus propias inspecciones el año pasado, en un ejercicio en el que la normativa sobre información de casas turísticas no estaba en vigor, e instó a 136.000 contribuyentes a que declararan las rentas obtenidas por alquilar temporalmente sus viviendas. Mediante este proceso, la Agencia Tributaria consiguió recaudar 522 millones.

La batalla contra la alegalidad en la que se sitúan muchos de estos alquileres turísticos dio ayer un paso más en Baleares, cuyo gobierno ha sancionado a la plataforma Tripadvisor al constatar que en su portal se publicitaban viviendas turísticas que no cumplían con la normativa legal autonómica del archipiélago.