El Gobierno aplaza la acotación de las viviendas turísticas

Por eso, según advirtió el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su última comparecencia en el Senado hace tres semanas, «es el Estado el que debería tratar de armonizar y fijar criterio» al respecto de esta problemática, por más que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos hayan avanzado ya en algunas propuestas. Pero por ahora, más allá de crear grupos de trabajo y celebrar reuniones en un tema donde comparte competencias con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, apenas se han sacado adelante medidas.

Solo un cambio concreto, aprobado precisamente ayer junto al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Una vez entre en vigor, ya no hará falta la unanimidad de una comunidad de propietarios para prohibir que uno de sus pisos pueda alquilarse con fines turísticos. Bastará con una mayoría de tres quintos para limitar o condicionar su actividad, e incluso elevar hasta un 20% su participación en los gastos comunes por la frecuencia de inquilinos.

Pero del resto de cambios que varios miembros del Ejecutivo venían hablando desde el verano, nada de nada. Por ejemplo, «acotar las definiciones» del arrendamiento de temporada y «los términos de la remisión del alquiler turístico de vivienda a su normativa sectorial», dos puntos ya «trabajados» -según Ábalos- pero aún no aprobados.

Y eso que el propio ministro considera «inevitable» establecer «de forma precisa» esa «exclusión» de la vivienda de usos turísticos en el régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos, si es que realmente se pretende «la optimización del uso del parque de vivienda existente». Para ello, no obstante, también haría falta «definir» de una vez el concepto de viviendas vacías.

Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin embargo, no se puede asumir como «dogma» que la expansión de viviendas turísticas sea la principal causa de la subida de los alquileres. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por el contrario, sí estima que «en determinadas urbes ha repercutido significativamente» en dicho aumento, pese a que el primer organismo sostenga que «no existe evidencia concluyente» de ello.