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La polémica por las listas de Bildu se ha convertido en el eje central de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo y el PP trata de situarse en un estadio intermedio entre lo que interpreta como tibieza ... de un PSOE maniatado por sus oactos con los independentistas y la exigencia de Vox de aplicar la Ley de Partidos para ilegalizar la formación que lidera Arnaldo Otegi.
El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo -que se encontraba este lunes en Bilbao junto a Carlos Iturgaiz, líder del partido en el País Vasco, y las candidatas a las instituciones vizcaínas-, exigió a Pedro Sánchez que la Abogacía del Estado analice las planchas electorales de la izquierda abertzale y le acusó de «no haber hecho nada» transcurridas casi 100 horas desde que trascendiera «esta indignidad». El líder gallego sostiene que, más allá de denunciar la indecencia que supone la inclusión de hasta 44 exmiembros de ETA -siete de ellos con delitos de sangre- en las listas para el 28-M-, «es necesario actuar».
Génova pretende así zafarse de la presión ejercida por Vox y responder a la iniciativa que los de Santiago Abascal registraron el pasado viernes en el Congreso para ilegalizar a la coalición independentista. El líder gallego evitó pedir que se abra el procedimiento para proscribirla -los condenados que van en las planchas han cumplido tanto las las penas de prisión como las de inhabilitación política-, pero sí que puso encima de la mesa una eventual modificación de la Ley de Partidos y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) si estas no sirven para impedir que exterroristas con las condenas vencidas concurran a los comicios del próximo 28-M.
«Debemos aplicar estas dos leyes y si esas leyes conllevan declarar ilegales las listas que incluyan condenados por asesinato, resolvemos el problema; pero si facilitan que sean elegidos, esa ley es indecente y hay que cambiarla», apuntó Feijóo. La Ley de Partidos fue aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar en 2002, con el aval del PSOE en plena escalada terrorista tras la ruptura de la tregua de Lizarra, y propició que se declararan ilegales Batasuna y todas las formaciones que intentaron sucederla sin apartarse de la violencia de ETA. La LOREG, por su parte, data de 1985 y considera inelegibles a los condenados por terrorismo -algo que no se aplica para quienes han cumplido y agotado la pena que les fue impuesta-.
Feijóo, que reclamó una vez más al presidente del Gobierno que rompa con Bildu, también hizo referencia -ya en Cantabria, donde se desplazó tras visitar Bilbao- a las críticas vertidas los últimos días por varios barones socialistas contra el entendimiento con Bildu. Según enfatizó, esa posición tendría valor si cristalizara ante los órganos de dirección del PSOE y en las votaciones en las Cortes.
Aunque no solo Vox disiente de Feijóo a la hora de abordar la controversia generada en este inicio de campaña. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso -que habló este lunes desde la Pradera de San Isidro antes que su jefe de filas-, planteó de forma abierta la necesidad de declarar ilegal a EH Bildu. «Habrá que ver la figura con la que se puede revertir una situación así, pero yo creo que no debería estar nunca en ninguna institución, nadie que pertenezca al entorno político de una banda terrorista».
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