Feijóo no afloja al pedir un cordón sanitario para aislar a Bildu

Entienden que es una cuestión que les beneficia electoralmente porque logran arrastrar voto de aquellos socialistas «descontentos» con la política de pactos de su líder y están decididos a exprimirla. Por eso, este miércoles no hubo ni una sola intervención en el Congreso o en el Senado en la que los conservadores no cuestionaran la presencia de «colaboradores de ETA» en las candidaturas de la coalición abertzale con la connivencia de Sánchez. «No podemos en ningún caso blanquear a Bildu», aseveran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo, dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para dejar fuera de juego a los de Arnaldo Otegi.

El líder del PP quiere levantar un cordón sanitario contra la formación independentista y ya ha dado el primer paso al ordenar al grupo parlamentario que registrase una proposición no de ley en la Cámara baja para que todos los grupos se comprometan a no promover ningún tipo de acuerdo con Bildu mientras mantenga a condenados por terrorismo en su estructura o en sus candidaturas. «Lo que ocurrió en el Senado (en el duelo con Sánchez) tiene que votarse», justifican en la dirección. Una iniciativa con la que el primer partido de la oposición busca «retratar» a un PSOE que «no tiene límites» y a un presidente que ha traicionado, denuncian, el espíritu de la Ley de Partidos al pactar con la coalición abertzale. Una alianza de la que no ha apostatado bajo la tormenta que viene sacudiendo la campaña.

Los populares instan en el texto al Gobierno a «romper de manera inmediata y definitiva» los acuerdos que mantiene actualmente y a «no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo» con partidos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, «con independencia de que hayan cumplido sus penas». Un condicionante que impediría cualquier alianza con Bildu porque su coordinador general, Arnaldo Otegi cumplió condena por pertenencia a organización terrorista.

El PP espera que su iniciativa se vote en el pleno del Congreso antes de la fecha límite para la constitución de los gobiernos autonómicos y locales, fijada para el 17 de junio, con el objetivo de que Sánchez deje clara su postura sobre sus pactos postelectorales con Bildu. Especialmente en Navarra y el País Vasco, ante las sospechas de Génova de que existe un pacto doble que permitiría a la izquierda abertzale acceder a la Alcaldía de Pamplona a cambio de entregar de nuevo el Gobierno de Navarra a la socialista María Chivite. En Euskadi la situación es sensiblemente distinta, pues se trata, apuntan, de «poner nervioso al PNV» y de «mantener a raya a sus seis diputados» en el Congreso.

En caso de que Sánchez decida respaldar su propuesta y acepte el reto de no pactar con Bildu, los populares verían «razonable» ofrecer sus votos a los socialistas en estas dos comunidades en caso de que sean la fuerza más votada. «No puede haber personas de ETA en las instituciones sin haber pedido perdón a las víctimas y reparado el dolor» justifican en la cúpula. Estas mismas fuentes creen que la coalición abertzale «no ha hecho los deberes para estar en las instituciones democráticas» pero descartan su ilegalización como ya ha pedido Vox y reclama estudiar Isabel Díaz Ayuso. «Con la legislación actual –insisten en el entorno de Feijóo– eso no encaja».

Lo que si ven factible en Génova es una posible modificación de la ley electoral para ampliar las causas de inelegibilidad y limitar el acceso de los condenados por terrorismo a las listas electorales. Reconocen, sin embargo, que sería necesario tocar la Constitución con la dificultad que conlleva abrir ese melón.