Ciudadanos elegirá el 30 de noviembre la gestora que pilotará la sucesión de Rivera

El presidente del consejo general, Manel García Bofill, de acuerdo con los estatutos, propondrá una lista de entre diez y quince personas que formarán la gestora hasta la próxima primavera, y que encabezará él mismo. No se descarta que entre los nombres se incluyan a miembros de la actual cúpula, como José Manuel Villegas o Inés Arrimadas, para que dirijan el partido de forma interina. La propuesta debe de contar con la aprobación de dos tercios del consejo general. De lo contrario, Bofill deberá volver a presentar una nueva plancha.

En la reunión, los 160 miembros que componen este órgano fijarán además la fecha de la V Asamblea General de Ciudadanos, en la que los afiliados elegirán al relevo de Rivera y marcarán el nuevo rumbo que deberá emprender la formación en esta nueva etapa. El cónclave no podrá celebrarse antes del 10 de marzo, dado que el reglamento naranja marca un mínimo de cuatro meses para su convocatoria tras un proceso electoral.

Con la carrera sucesoria abierta, todas las miradas están puestas en Inés Arrimadas que, de momento, guarda silencio sobre su futuro. Dentro del partido son multitud quienes la ven como la «sucesora natural» de Rivera y la única capaz de reflotar a Ciudadanos, hundido en la irrelevancia después de perder 47 escaños y dos millones y medio de votos en apenas siete meses.

En la formación liberal quieren que todo el proceso de sucesión transcurra con tranquilidad, sin prisas y sin tensiones internas. Casi todos los dirigentes, además, abogan por que se llegue a las primarias con un candidato de «consenso» para no dar una imagen de división. Pero en la militancia hay voces que reclaman ya un cambio en las caras visibles que han conducido a Ciudadanos al descalabro electoral.

Un grupo de militantes críticos con la gestión de la actual dirección se está organizando en la plataforma Compromiso Ciudadano, desde la que apuestan por una refundación del partido desde los cimientos y una profunda reforma de los estatutos para acabar con el modelo presidencialista. También exigen el cambio del sistema de voto telemático tras el pucherazo en las primarias de Castilla y León e incluso «repensar los acuerdos territoriales».