Unos extras sin paga extra

El ministro Montoro tiene muy claro que en la lucha contra el fraude fiscal el cine ocupa un lugar de preeminencia. Primero fueron aquellas declaraciones en las que achacaba la crisis de nuestra cinematografía no al IVA o a los recortes, sino «a la calidad de las películas». Después, acusó en el Senado a «algunos de nuestros famosos actores» de no pagar impuestos en España. De nada ha servido que Hacienda haya batido en los últimos años récords históricos de recaudación con la venta de entradas de cine gravadas al 21%. El fraude del taquillazo, por el que algunos productores hinchaban las recaudaciones para obtener subvenciones, recuerda que Montoro no descansa.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social también está alerta con la industria del cine. Su objetivo: el grupo de jubilados que actuó como extras en el rodaje de Ocho apellidos catalanes. Todos han recibido una carta por la que se les advierte del inicio de un «procedimiento de revisión y reintegro de importes indebidamente percibidos». El pasado abril, la productora LaZona Films convocó un casting multitudinario en diferentes zonas de Girona para reclutar unos dos mil figurantes «entre los 16 y los 100 años de edad». Los extras jubilados pasaron cuatro días en la Plaza Mayor de la pintoresca localidad de Monells, rebautizada Plaza Pep Guardiola en el filme. Cobraron 60 euros diarios por aguantar la solana rodeados de esteladas.

El problema es que, según la Seguridad Social, fueron dados de alta laboral, una situación incompatible con la pensión de jubilación. Y ahora se les reclama la «remuneración indebida», al tiempo que su prestación será «revisada». Ni cobraron en negro ni hubo ninguna ilegalidad. Solo que deberán renunciar a la parte proporcional de la pensión por esos cuatro días trabajados en el filme español más taquillero del año. Hechas las cuentas, la aventura ante las cámaras resultó un mal negocio para ellos: en vez de 240 euros acabarán cobrando 110 netos.

Los ancianos de Lorca (Murcia) también comprobaban el pasado noviembre cómo el Estado no perdona una. Hacienda condenaba a una multa de 3.000 euros «por jugadores ilegales y defraudadores» al grupo de jubilados que se reúne cada jueves desde hace diez años en la asociación del Barrio de La Viña para jugar al bingo. A diez céntimos el cartón. Los beneficios van destinados a organizar dos comidas al año, una de Navidad y otra antes del verano. Los inspectores han pasado en nueve ocasiones en los dos últimos años. Ahora juegan a las cartas.

Un jubilado puede cobrar su pensión y recibir los beneficios de sus acciones en bolsa o del alquiler de sus pisos. Pero no percibir ninguna remuneración por su actividad laboral o creativa. Por ello, una representación de autores de distintos ámbitos entre ellos el dibujante Forges y los escritores Javier Reverte y Marta Rivera de la Cruz presentaron un manifiesto en el Ministerio de Cultura exigiendo al Gobierno que permita al colectivo seguir beneficiándose del fruto de su trabajo una vez alcancen la edad de jubilación, sin tener que renunciar a la pensión que les corresponda.