Shakira acusa a Hacienda de vulnerar sus derechos

«Es inaceptable el hecho de que, en su acusación, la Hacienda pública no esté respetando la seguridad jurídica que debe garantizarse a cualquier contribuyente, ni tampoco mis derechos fundamentales», asevera Shakira en el comunicado, en referencia al derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia.

El escrito sostiene que su conducta fiscal es «impecable y que nunca ha tenido problemas tributarios con ninguna otra jurisdicción» y ha calificado de esporádica la presencia de la artista en territorio español durante el periodo investigado.

Reprocha a las acusaciones utilizar «pagos realizados con una serie de tarjetas de crédito pertenecientes a su equipo y allegados» para acreditar la presencia de Shakira en el país.

También destaca que España «supone tan solo el 2% del origen de sus ingresos mundiales» y asegura tener datos fehacientes que acreditan su vida itinerante.

Así, el comunicado afea a la Agencia Tributaria no haber «tenido en cuenta en absoluto cuál es el modus vivendi de los artistas cuya carrera se desarrolla a nivel internacional» y le acusa de convertir el juicio oral en una suerte de circo mediático para dañar el prestigio de la cantante, así como de utilizarla con fines ejemplarizantes.

La Audiencia de Barcelona juzgará el caso (investigado en un juzgado de Esplugues de Llobregat) y fijará fecha de juicio una vez los abogados de Shakira han presentado su escrito de defensa.

Según la jueza, Shakira supuestamente defraudó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (con un total de 12.371.197 euros) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) (2.191.771 euros), sumando entre los dos un total de 14.562.968 euros.

La Instrucción constató que la artista supuestamente dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014 a pesar de estar obligada a hacerlo porque, según la jueza, es donde tenía su residencia fiscal, ya que había estado en el país más de 183 días al año, mientras que Shakira dice haber residido en Bahamas.

La Fiscalía le reclama una condena de ocho años y dos meses de prisión; la Abogacía del Estado le acusa de tres delitos contra la Hacienda en declaraciones del IRPF de 2012, 2013 y 2014, y la Generalitat, de tres delitos contra la Hacienda en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de los mismos años.