Expertos denuncian «obstrucciones» del gobierno mexicano en la investigación sobre Iguala

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) termina así un año de trabajos sin que se conozca el destino de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. La misión del GIEI finaliza el 30 de abril ante la negativa del gobierno, ya en un abierta confrontación con los expertos, a una tercera renovación del mandado.

James Cavallaro, presidente de la CIDH y que ha recibido este domingo en un acto público ante cientos de personas el informe de los expertos, ha lamentado la actuación del gobierno mexicano. La misión del GIEI culmina "a pesar de que los objetivos permanecen incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los estudiantes desaparecidos", ha señalado Cavallaro al lamentar también que no hubo representantes gubernamentales en esta presentación.

En el informe de 605 páginas, los expertos critican las mecánicas de trabajo de la Procuraduría General (fiscalía), la lentitud del sistema penal y denuncian presuntos casos de tortura contra 17 de los más de cien detenidos por el caso. Los asistentes, entre familiares de desaparecidos y activistas, han contado del 1 al 43 para luego clamar en un potente coro: "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!". Al final, han acusado al presidente Enrique Peña Nieto de "asesino".

El documento detalla "obstrucciones" a su investigación, lo que "limitó de forma muy importante las posibilidades de avance" y denuncia una "fuerte campaña mediática" en su contra. La exfiscal guatemalteca Claudia Paz ha señalado que en un principio hubo una buena coordinación con las autoridades, pero "a partir de enero esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación fueron innecesariamente dilatadas o rechazadas".

Según la fiscalía, los jóvenes, que se hicieron de autobuses para sus movilizaciones, fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías municipales de Iguala y Cocula, que los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos. En el asalto murieron tres estudiantes y tres personas que estaban en la zona.

La denominada "verdad histórica" que defiende la fiscalía es que los jóvenes fueron asesinados por narcotraficantes, incineraron sus cuerpos en el basurero de la vecina Cocula y arrojaron las cenizas a un río cercano. Pero los expertos insisten en que no hay evidencia científica de un gran incendio y denuncian un obstáculo más cuando pidieron detalles del último peritaje que avalaría parcialmente la versión oficial.