Tres monitores muertos en un motín en un centro de menores de Guatemala

La crisis comenzó el domingo en el centro Etapa II, cuando un grupo de 26 "inconformes" de la pandilla Bario 18, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), retuvo a siete monitores. Dos de los rehenes fueron asesinados y otro fue liberado por los pandilleros este lunes y sometido a una operación debido a que presentaba múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades entraron al centro este mismo lunes para rescatar a los cuatro monitores que quedaban retenidos. Tras el operativo uno murió al ingresar al hospital y otros dos resultaron heridos, dijeron las portavoces oficiales.

Los niveles de "agresividad, violencia e intolerancia" que iban en aumento por parte de los amotinados motivó a las fuerzas de seguridad a entrar por la fuerza después que el diálogo no fraguara, resumió el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Interior, Francisco Rivas. Los funcionarios detallaron cómo en el operativo participaron 45 agentes especializados, además de los centenares que resguardaban el perímetro.

El ministro dijo desconocer si hay reclusos heridos a raíz del operativo, pero aseveró que se actuó "de manera proporcional con la fuerza que el Estado nos da para restablecer el orden". "Si ellos fueron heridos, probablemente fue por un oposición al control que se estaba ejerciendo", añadió sin más detalles.

Cuestionado por los orígenes del motín, Rivas dijo que se están investigando, que "la verdad prevalecerá", y añadió que se debe evaluar si Etapa II sirve como lugar de reclusión. Los agentes siguen ahora en el interior del lugar para resguardar y controlar a los internos e investigar la muerte de los monitores, mientras unos 45 jóvenes fueron trasladados ya a Torre de Tribunales para ser puestos a disposición judicial.

Los pandilleros llegaron este lunes a amenazar con quemar vivos a los rehenes si no se cumplía con sus peticiones, entre ellas el traslado de sus compañeros recluidos en Las Gaviotas, otro centro de privación de menores situado en la zona 13 de la capital. Uno de los pandilleros dijo que el asesinato de los dos primeros monitores fue por los maltratos que propinaban los custodios y también las autoridades del centro, y que "se lo tenían ganado".

Carencias

Para enfrentarse a la crisis el Gobierno de Guatemala instauró este lunes una mesa interinstitucional en la que participan la PNC, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Interior y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos de octubre de 2016 sobre los cuatro centros de reclusión para menores del país, incluido el Etapa II, evidenciaba carencias como el hacinamiento, la falta de infraestructura o la poca higiene.

Según ese informe en el Etapa II tiene capacidad para 160 personas pero había 201 internos, y había 23 monitores aunque cuando eran necesarios llegaban 40. De las 30 cámaras de vigilancia solo funcionaban 13 y apenas había un sanitario por sector, pues en otros casos el baño eran "agujeros de tierra" donde los jóvenes tenían que defecar, orinar y bañarse. Debido a esta situación, muchos de los internos, entre los que hay jóvenes de 13 años hasta más de 18 todos mezclados, "adoptaron lavamanos para defecar y bañarse", advertía en ese momento el escrito, en el que se recomendaba separar "a la brevedad" a los menores de los adultos, indicó el informe.

40 niñas y adolescentes muertas

Este incidente se produce a pocos días de que un incendio en el albergue de menores Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el mismo municipio, dejara 40 niñas y adolescentes muertas y varias heridas. En ese refugio, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala, se originó un incendio que supuestamente causaron las propias jóvenes en unas colchonetas para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían.

Desde que se produjeron los hechos han sido detenidas tres personas por homicidio culposo, el extitular de esa secretaría de la Presidencia Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres. Por estos hechos, el martes pasado un partido de la oposición presentó una denuncia penal contra el presidente del país, Jimmy Morales. Las autoridades investigan si las niñas y adolescentes, como denuncian otros internos, estaban encerradas como castigo por intentar escapar el día anterior.

La casa hogar tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos. Desde hace años el centro había estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta.