La Fiscalía acusa a Bolsonaro de dirigir un intento de golpe de Estado en Brasil

El fiscal general, Paulo Gonet, asegura en su auto que el mandatario de extrema derecha estuvo al frente de «una organización criminal basada en un proyecto autoritario de poder», cuyo fin era perpetuarse en el poder. El hombre que presidió Brasil entre 2019 y 2022 en un controvertido y polémico mandato suma acusaciones no solo golpistas y de presunto interés en subvertir la democrcia, sino incluso de violencia e intento de acabar con rivales políicos como el propio Lula. Todo ello le podría enfrentar a un total de 43 años de cárcel. Con él, han sido imputadas otras 33 personas, entre ellas el que fuera su secretario de Defensa, Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Gustavo Torres, su jefe de seguridad, Augusto Heleno, el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem y el excomandante de la Marina Almir Santos.

Bolsonaro no ha sido todavía detenido. El fiscal ha remitido su denuncia al Tribunal Supremo, que debe decidir si abre juicio contra los acusados o desestima la demanda. Todo apunta a que se decantará por la primera opción dada la gravedad de los cargos –golpe de Estado y pertenencia a organización criminal, entre otros– y la amplísima investigación en contra de Bolsonaro.

La Policía pidió su imputación el pasado noviembre después de acumular miles de indicios y contar, sobre todo, con la declaración del secretario personal del expresidente: Mauro Cid, un teniente coronel al qjue Bolsonaro consideraba «como un hijo» y que ha pasado por distintas fases durante estos últimos dos años, desde negar la existencia de una intentona golpista a colaborar con la Policía.

Cid ya pasó brevemente por la cárcel en 2023 por haber falsificado las cartillas de vacunación que permitieron al presidente y su familia saltarse las restricciones durante la pandemia. 'Mano derecha' del jefe del Estado y encargado desus comunicaciones, supuestamente ejerció de correo entre diferentes implicados en la intentona golpista. Hace un mes, a mediados de enero, el Tribunal Supremo le llamó para que aclarase «ciertas contradicciones» sobre un capítulo oscuro de esta trama: una reunión secreta en casa de Walter Braga Netto para asesinar a Lula da Silva y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

El plan incluiría supuestamente acabar con la vida del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes y movilizar al ejército ante la eventualidad de que se produjeran graves altercados callejeros para crear finalmente una situación de caos. En palabras de la Fiscalía, se trataba de generar una «conmoción social capaz de arrastrar al Alto Comando del Ejército a la aventura del golpe». «El plan preveía la muerte de los implicados, por medios como explosivos, instrumentos de guerra o envenenamiento», apunta el informe acusatorio, donde se detalla que Lula sería asesinado con veneno y el juez, con el «uso de armas bélicas».

En la acusación pesan además dos reuniones. Una celebrada antes de las elecciones donde Bolsonaro instó a sus ministros a difundir bulos sobre la inseguridad de los comicios de 2022 y la posibilidad de que se cometiera un fraude electoral para impedirle lograr la reelección. El propio líder recurrió en múltiples ocasiones a este mensaje, en especial después de que en noviembre perdiera los comicios ante Lula por un estrecho margen de votos.

Tras esa derrota, la derecha afín a Bolsonaro convocó cientos de protestas e incluso acampadas delante de los cuarteles para pedir al ejército que diera un golpe de Estado. En es contexto, los investigadores sitúan la segunda reunión clave del expresidente, quien habría convocado a altos mandor militares para perpetrar una asonada. Los jefes del ejército y de la fuerza aérea, sin embargo, se negaron a secundar su plan.

Algunos párrafos de la imputación resultan claramente significativos y parecen acorralar definitivamente al epresidente. El fiscal afirma que «la responsabilidad de los actos lesivos contra el orden democrático recae en la organización criminal liderada por Jair Messias Bolsonaro, basada en un proyecto autoritario de poder». El Ministerio Público considera además que la trama estaba «enraizada en la propia estructura del Estado», tenía amplias ramificaciones en las fuerzas armadas y constaba de una organización «jerárquica, con división de funciones entre sus miembros».

Bolsonaro ha respondido a través de sus abogados con un comunicado en el que se declara «indignado» por la imputación y afirma que no existe indicio alguno de los actos que se le imputan. El exdirigente brasileño califica la denuncia de «inepta», «incoherente» y «fantasiosa», para a continuación declarar que «jamás ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado democrático de Derecho o las instituciones que lo habilitan», según el mensaje firmado por su abogado Paulo Cunha.

El expresidente tiene previsto reunirse este miércoles con varios diputados de la oposición al Gobierno en un encuentro organizado por su líder en el Congreso, el coronel Luciano Zucco, que hace unas horas ha mostrado en las redes sociales sus dudas sobre la «imparcialidad» del proceso. Bolsonaro ya se reunió este martes con otro grupo de senadores a los que solicitó apoyo para impulsar una amnistía a los detenidos y condenados duranteel asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023. Su intención hoy es recabar el respaldo de los diputados al mismo proyecto, en el cual quizás podría incluirse si se produce una futura condena.

El exmandatario quiere promocionar también un cambio en la Ley de Antecedentes que le pemita recuperar la posibilidad de ser elegido de nuevo para un cargo público. Bolsonaro se encuentra inhabilitado por orden judicial desde 2023 por un periodo de oho años y tampoco puede abandonar el país. En enero se le fotografió llorando en el aeropuerto tras serle vetada la salida a Estados Unidos para asistir a la investidura de Donald Trump.

Por cierto, su caso recuerda sobremanera al turbio ambiente político generado en EE UU en 2020 tras la derrota electoral del líder republicano, sus acusaciones de fraude electoral y el intento de que el demócrata Joe Biden no fuera confirmado como nuevo inquilino de la Casa Blanca. El asalto a las tres principales instituciones de Brasil fue considerado en 2023 como un distrubio mimético a la ocupación del Capitolio por una turba de extremistas afines al trumpismo el 6 de enero de 2021. La resolución de episodios tan sombríos ha sido muy ditinta tal y como resulta evidente: Trump ha recuperado la presidencia de EE UU, indultado a miles de condenados por el asalto y cortado toda posibilidad de ser enjuiciado como presunto instigador.

Bolsonaro, en cambio, intenta evitar el banquillo y construirse una defensa sólida para el caso de que no lo consiga. Si el Supremo acepta la denuncia del fiscal, lo más probable es que se produzca una confrontación política de alto voltaje. Lula da Silva no se ha pronunciado tras el informe fiscal, pero sí ha defendido anteriormente que su predecesor tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. La presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, ha señalado hoy que la denuncia es «un paso fundamental en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho».

El todavía amplio referente de la ultraderecha prevé realizar esta semana varios actos políticos para reactivar a sus bases , mantendrá reuniones con conocidos 'influencers' conservadores y movilizará a sus diputados afines en el Congreso y el Senado para difundir la idea de que es víctima de una «persecución política». «El intento de golpe de Estado se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro», ha señalado este miércoles uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.