La deriva autoritaria de Milei: 6 años de cárcel para quien proteste e inmunidad para quien mate en legítima defensa

El rechazo no tardó tras conocerse los principales artículos del «terremoto legal» que busca el presidente. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó este jueves a un paro general para el 24 de enero, un día antes de cuándo se tiene prevista la votación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. «Todos tienen que entender que Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo», declaró el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Después de cuatro años la huelga nacional regresará al país, desafiando las restricciones que ya existen para ejercer el derecho a la protesta que se recrudecerían con el proyecto. Destaca la norma que contempla que «la reunión de tres o más personas en un espacio público» con el propósito de manifestarse deberá notificarse tres días antes al Ministerio de Seguridad o si el grupo, «sin crear una situación de peligro común», corta el tráfico podrá ser sancionado con entre uno y tres años y medio de cárcel. Además los organizadores de los piquetes podrán ser sentenciados a hasta tres y seis años de prisión.

La alarma ha saltado en los sindicatos, que ya han tomado las calles bonaerenses contra el Ejecutivo tres veces en menos de una semana. De hecho varias organizaciones sociales cortaron parcialmente este jueves el tránsito en la Ruta Nacional 3 de Argentina, una carretera federal, cerca de la capital. «Ésta es una clara pelea contra la reinstalación del modelo neoliberal conservador en su versión más cruel», dijo el dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, Luis D'Elía.

Este último gran proyecto se suma al decreto de necesidad y urgencia (DNU) –anunciado la semana pasada–, que contempla más de trescientas reformas, principalmente económicas, que entran este viernes en vigor pese más de una decena de demandas presentadas ante la Justicia.

«Votar por esto es hacerlo por la dictadura», dijo la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. El presidente intenta declarar el estado de «emergencia pública» hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por otros dos años, es decir, hasta el final de su mandato. El régimen de excepción faculta con poderes legislativos a Milei para encender su motosierra. Busca gobernar sin la necesidad del respaldo del Congreso, donde ahora cuenta con 38 diputados de 257 y siete senadores de 72.

Además de la mano dura en materia de seguridad –con la que amplía los supuestos en los que se podrá aplicar la figura de la legítima defensa–, el Ejecutivo busca la privatización de al menos medio centenar de empresas públicas. Entre las posibles compañías que figuran en un anexo están: Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF –nacionalizada en 2013–, la coordinadora de la red ferroviaria, una agencia de noticias, la Casa de la Moneda o la operadora de las centrales nucleares. La Ley Ómnibus también propone el blanqueo de hasta 100 mil dólares (unos 90.300 euros) en activos, beneficiando impositivamente a quienes declaren bienes o dinero efectivo por debajo de ese monto.

La iniciativa que está por debatirse pretende revisar áreas como el penal, financiero, fiscal, electoral o de defensa. Incluye una reforma para eliminar las elecciones primarias de los partidos, reestructurar la deuda pública y autorizar maniobras militares de fuerzas armadas extranjeras en el territorio argentino. Con el documento 'Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', el presidente redobla su apuesta por hacer del país suramericano el más liberal.