La ONU atribuye a Maduro 7.000 asesinatos

El documento, presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, obligó al régimen chavista a liberar a emblemáticos presos políticos como la jueza María Lourdes Afiuni, al periodista Braulio Jatar y una veintena de estudiantes.

Para la otra parte de Venezuela, que lidera Maduro, el informe de Bachelet supuso un duro mazazo. El Gobierno oficial está acusado de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, mantener al país en una grave crisis económica, de violaciones del derecho a la salud, de atentar contra la libertad de expresión y de perseguir a los líderes opositores. El presidente reclamó 70 correcciones al texto que considera «distorsionado» y «parcial», al tiempo que culpa al Ejecutivo de EE UU de su crisis.

Muchos analistas, críticos con la pasividad de Guaidó, dudaban de que la nueva llamada a la movilización tuviera éxito. Sin embargo, el documento de Bachelet y sus datos demoledores sobre el régimen de Maduro invitó a que el pueblo saliera a la calle y convirtiera su protesta en una manifestación contra la tortura. Después de su discurso en la avenida Francisco de Miranda, Guaidó encabezó una marcha hacia la sede de la Dirección General del Centro de Inteligencia Militar (Dgcim), máximo responsable de las torturas y la represión. Antes, el presidente reconocido por 50 países advirtió de que seguramente se encontrarían con algún piquete pero que no era día de confrontación. «Vamos a decirles que militares cubanos matan a sus hermanos de armas».

El escalofriante documento de Bachelet habla de una cifra de 7.000 asesinatos en el último año y medio, cometidos por las fuerzas de seguridad del Gobierno de Maduro. Entre enero y mayo de este año se habían producido 1.569 asesinatos, según estadísticas del propio Gobierno. Bachelet exige disolver los llamados 'colectivos' y especialmente las FAES (Fuerzas Especiales) a las que achaca la muerte de 5.287 personas en ejecuciones extrajudiciales, todas porque supuestamente presentaron «resistencia a la autoridad». En lo que va de año han sido detenidas 2.091 personas por motivos políticos y 66 han fallecido en manifestaciones.

Bachelet habla de una estructura violadora de los derechos humanos, donde el sistema judicial -fiscales, tribunales y jueces- colabora en el fomento de la impunidad y el bloqueo de la justicia. «La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de 'traidores' y 'agentes desestabilizadores'», reseña la Alta Comisionada.

Según el documento, en los últimos años el Gobierno aplica leyes y políticas que aceleran el desmantelamiento de instituciones democráticas, entre las que incluye la Asamblea Nacional. «Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticas al Gobierno. Esta tendencia ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños». Dentro de la grave crisis económica que atraviesa Venezuela, Bachelet resalta que el salario y los subsidios apenas cubren cuatro días del mes.

En su discurso de presentación del documento, después de la visita realizada entre el 19 y 21 de junio pasados, Bachelet dijo: «El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política».

Maduro, mientras tanto, celebraba los 208 años de la independencia y el día de las fuerzas armadas en el Paseo Monumental de los Próceres, donde lanzaba un discurso de ánimo a los militares y civiles asistentes: «Preparémonos para las batallas que estamos dando. No tengamos ni un segundo de descanso. Estamos del lado correcto de la historia, de los verdaderos venezolanos». Al discurso siguió un desfile militar.