El asalto de Brasil llega a la cima del poder bolsonarista: Anderson Torres es detenido y el juez acepta investigar al expresidente

Torres fue ministro de Justicia durante la última etapa del mandato de Bolsonaro. Incluido en las pesquisas por el ataque al Congreso, el palacio gubernamental y la sede del Supremo en Brasilia, el juez ordenó a mediados de esta semana su detención. Lo considera una pieza clave para esclarecer el presunto entramado antidemocrático que terminó con la invasión de las sedes por parte de miles de extremistas afines al bolsonarismo. El veterano político anunció entonces que se entregaría ante la Justicia y lo ha hecho efectivo esta mañana cuando ha llegado al aeropuerto de Brasilia sobre las 11.30 (hora española) en un vuelo procedente de Miami. En la terminal le esperaba la Policía Federal, que le ha arrestado y conducido a comisaría.

En las próximas horas está previsto que Anderson pase a disposición del juez. En principio, sobre él pesaba una acusación por «omisión del deber», ya que unos días antes de la revuelta cesó a parte de su equipo y él mismo se marchó «de vacaciones» a Florida. Ocupaba el cargo de director de Seguridad Pública de Brasilia solo desde el 2 de enero y su nombramiento ocasionó cierta sorpresa dados sus antecedentes como ministro de Justicia del anterior Ejecutivo y su actitud declaradamente bolsonarista. El problema reside ahora en que se enfrentará posiblemente a cargos mucho más severos, como el de «connivencia» con los asaltantes y otros quizá peores. La Policia registró su casa este pasado jueves y localizo una propuesta de decreto enfocada a revertir el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Lula da Silva. Éste ya ha declarado públicamente su convencimiento de que hubo policías y militares cómplices de los atacantes, a quienes incluso guiaron hasta las sedes de los poderes legislativo y judicial.

En una maniobra muy parecida a la que intentó Donald Trump tras ser derrotado por Joe Biden en los comicios presidenciales de 2020, el informe apostaba por invocar el artículo 136 de la Constitución que, en su imaginario, hubiera permitido la continuidad del Ejecutivo de Bolsonaro hasta que una comisión especial verificase si el proceso electoral había contenido irregularidades o fue legal. El líder ultraderechista habría utilizado el argumento de que, de no hacerse este proceso, la «paz social» del país se vería en serio riesgo. Sin embargo, una gran parte de magistrados y juristas brasileños asegura que la validez de esta estrategia es nula y su aplicación hubiera resultado «inconstitucional» desde el primer minuto, aunque los expertos no dudan de que hubiera contribuido a aumentar la conflictividad social y la tesis bolsonarista de que su líder habría sido engañado en las urnas. Las similitudes con el caso de Trump son evidentes.

Antes de entregarse, Anderson difundió varios mensajes desde Miami donde defiende su inocencia y afirma que el polémico informe «se filtró fuera de contexto». Según su versión, los ministros reciben durante la legislatura propuestas «de lo más diversas» y éste sería un borrador más que había sido descartado, pese a estar depositado en un armario de su casa. «Respeto la democracia brasileña. Tengo la conciencia tranquila con respecto a mi papel como ministro», ha indicado.

El exministro es, de momento, el cargo más relevante detenido como consecuencia de los disturbios en Brasilia. Pero la Justicia está ahora tras los pasos del propio Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo ha refrendado la petición de la Fiscalía General de incluir al expresidente en las investigaciones bajo la presunción de actuar como un autor intelectual del intento del golpe de Estado. De forma parecida a Donald Trump, al líder ultraderechista podría haberle traicionado su afición a hacer declaraciones en las redes sociales. Los fiscales han presentado como indicio un vídeo fechado el 10 de enero en el que Bolsonaro cuestiona una vez más las elecciones presidenciales de octubre. La grabación duro apenas unas horas hasta que su autor la borró.

Este «pronunciamiento» significaría que el exmandatario pudo posicionarse «de forma atentatoria contra las instituciones», según el Tribunal, que todavía estudia si cita a Bolsonaro para un interrogatorio. El dirigente ultra continúa en Florida, aunque ha anunciado su intención de regresar a Brasil debido a los problemas abdominales que sufrecon el fin de seguir siendo tratado por sus médicos habituales. Su abogado ha hecho público un comunicado donde niega que Bolsonaro haya tenido vinculación alguna con los hechos de Brasilia y atribuye los disturbios a la existencia de «infiltrados».