El número de comisarías 'secretas' que China opera por el mundo supera ya el centenar

Pero además de renovar pasaportes y permisos de conducir, y de ofrecer una asistencia que, teóricamente, deberían dar exclusivamente las legaciones diplomáticas, sirven como base para lanzar operaciones de dudosa legalidad: sobre todo para identificar y capturar mediante diferentes grados de coacción a ciudadanos chinos sospechosos de haber cometido delitos contra personas o empresas de la segunda potencia mundial. Safeguard Defenders confirmó un caso en Madrid, otro en Serbia, y ahora suma uno más en París, aunque eleva su estimación total a casi un centenar.

El objetivo de las autoridades es lograr que todos ellos regresen a China para ser procesados allí sin tener que activar los engorrosos mecanismos de extradición que, además, suponen un gran quebradero de cabeza político para Pekín: como adelantó este diario el mes pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que las extradiciones no se ajustan a la legalidad porque los sospechosos pueden ser torturados.

Según el informe al que ha tenido acceso en primicia este periódico, ya son 53 los países en los que se han establecido estas comisarías. Una novedad adicional es que pertenecen no solo a las dos jurisdicciones locales identificadas en un principio (las de Fuzhou y Qingtian) sino a cuatro: se suman las de Nantong y Wenzhou. Esta última es, como Qingtian, una ciudad de la que es originaria buena parte de los inmigrantes chinos en el extranjero. «Iniciaron sus operaciones en 2016, lo que contradice la versión de las autoridades que afirman que se implantaron como respuesta a la pandemia», afirma Safeguard Defenders.

Además, Italia -con once oficinas- supera a España -que se mantiene con nueve- para convertirse en el país con el número más abultado de comisarías. Su existencia ha provocado investigaciones en diferentes países. En el nuestro, la Policía Nacional realiza pesquisas sobre los establecimientos, que también han sido objeto de una pregunta parlamentaria que el Gobierno deberá responder por escrito. Sin embargo, China mantiene que no violan ninguna legislación, y la propia Safeguard Defenders, a la que el Partido Comunista acusa de ser un agente extranjero, recoge que algunas de las comisarías existentes en Asia y África se han abierto con la aprobación explícita de los países en los que se encuentran.

No obstante, en opinión de la ONG, China abusa de los acuerdos bilaterales que firma para buscar la consecución de objetivos más ambiciosos. Pone a Italia como ejemplo de una cooperación policial que se utilizó para arrancar las comisarías del país, a pesar de que no existía consentimiento para ello. Roma firmó en 2015 cuatro acuerdos de colaboración para llevar a cabo patrullas conjuntas que tenían como objetivo ayudar a los turistas chinos, pero también combatir el terrorismo, el crimen internacional o el tráfico de personas. Safeguard Defenders sostiene que, a la conclusión del programa, China estableció en Italia sus oficinas policiales. La de Milán fue un proyecto piloto de Wenzhou que, como se demuestra ahora, fue el embrión de muchas comisarías más.