El Capitolio, advertido de un posible asalto tres días antes del ataque

El asalto ha desencadenado cientos de acusaciones federales contra sus participantes así como otras repercusiones como un nuevo 'impeachment' contra Donald Trump y el cierre de las cuentas en redes sociales del todavía presidente por incitar a la violencia.

Esta advertencia se une a otras realizadas por instituciones como el FBI de Virginia, mientras que el exjefe de Seguridad de la sede legislativa, Steven Sund, aseguró que había pedido mayor seguridad y declarar una emergencia pero su solicitud fue rechazada. Según fuentes de 'The Washington Post', el documento no fue compartido ni con el FBI, ni con otras agencias de seguridad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una labor interna sobre su respuesta a la incursión del 6 de enero protagonizada por partidarios de Trump contra el Capitolio y que se saldó con cinco muertos, más de un centenar de heridos y al menos un centenar de detenidos.

La investigación será llevada a cabo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, en coordinación con las Oficinas del Inspector General del Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Interior.

La revisión examinará «la información sobre los eventos del 6 de enero, así como el grado en que el departamento y sus componentes compartieron dicha información con la Policía del Capitolio y otras agencias federales, estatales y locales», de acuerdo con un comunicado. Asimismo, también se evaluará «el papel del personal del Departamento de Justicia en la respuesta a los eventos», según el departamento, quien ha asegurado que esta revisión no entorpecerá «investigaciones o enjuiciamientos en curso», dada la «delicada naturaleza de la situación».

Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido este mismo viernes investigar a uno de los asaltantes del Capitolio que llevaba una camiseta con las palabras 'campo de Auschwitz' y ha aseverado que «ver a alguien con una camiseta antisemita formando parte de un asalto al Capitolio debería hacer que nos replanteemos muchas cosas».

«Hemos jurado proteger y defender la Constitución y nuestra democracia y eso es lo que haremos. Protegeremos a todos aquellos que están aquí para honrar ese juramento», ha dicho antes de asegurar que el Congreso está estudiando la posibilidad de abrir una comisión similar a la del 11S para investigar lo ocurrido.

En este sentido, ha pedido al general retirado Russel Honoré que «dirija una pesquisa sobre la seguridad de la infraestructura y el protocolo de seguridad entre las diferentes agencias». «Tenemos que someter todo esto a escrutinio ahora que se acerca la investidura», ha dicho, según informaciones de la cadena CNN.

Asimismo, ha expresado que se ha producido una «movilización sin precedentes en materia de seguridad» tras el ataque al Capitolio la semana pasada y ha expresado su gratitud a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional. «Han mostrado un gran coraje y estamos orgullosos de ellos», ha manifestado.

El primer resultado ha sido la detención de un individuo en las inmediaciones del Capitolio. Wesley Allen Beeler, originario de Virginia, se presentó en la noche del viernes en un punto de control a algunos metros del Capitolio, según detalla un reporte de policía consultado el sábado por la AFP, confirmando una información de CNN. La policía encontró una pistola cargada y más de 500 cartuchos de municiones en posesión del hombre, que fue arrestado. En su camioneta también fueron halladas pegatinas en defensa del derecho a portar de armas.

El Parlamento local de Carolina del Sur permanecerá cerrado ante posibles protestas «armadas», tal y como ha alertado la Policía Federal (FBI) de cara a la ceremonia de investidura de Joe Biden. Así, las autoridades han explicado que se están tomando medidas de seguridad adicionales para garantizar que se protegen las inmediaciones del Parlamento, que permanecerá cerrado, así como sus inmediaciones, hasta el día 20 de enero.

Las autoridades de Texas han seguido la misma línea y han anunciado que reforzarán la seguridad y cerrarán el edificio ante el riesgo de manifestaciones de «extremistas violentos».