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El futuro de la carrera de Donald Trump por la Casa Blanca ha quedado en manos del Supremo. El máximo tribunal de Estados Unidos aceptó este sábado a trámite un recurso contra el veto a su candidatura en las primarias republicanas en el estado de ... Colorado de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. La corte, de mayoría conservadora –con tres de sus nueve magistrados nombrados por el exmandatario–, se involucrará por tanto de lleno en los comicios y su postura marcará la campaña electoral. El 8 de febrero la máxima instancia judicial del país escuchará a las partes en paralelo al desarrollo de las primarias, que comienzan su ciclo en una semana con los caucus de Iowa y la consulta de New Hampshire del día 23.
El 19 de diciembre el Supremo de Colorado decidió que Trump no podía participar en las primarias de ese estado por su supuesta implicación en el asalto al Capitolio de 2021. El fallo, sin precedentes en la historia de EE UU, fue secundado más tarde por Maine, que también ha descalificado al expresidente como aspirante. Los jueces de ambos territorios se ampararon en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe a cualquier persona que haya jurado la Carta Magna y participado en una «insurrección o rebelión» volver a ocupar un cargo público. Los abogados de Trump, sin embargo, argumentan que el exdirigente no formó parte de la turba ni alentó la irrupción en el Congreso tras el resultado en las urnas de 2020 que dieron la victoria a Joe Biden. Aseguran que aquello no fue una «insurrección». «Estados Unidos tiene una dilatada historia de protestas políticas que se convierten en violentas», justifican.
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Según la defensa del magnate, los magistrados de Colorado no tienen la autoridad para tomar una decisión que corresponde al Congreso. Asimismo, han denunciado que excluirlo de las papeletas de las primarias en Colorado constituiría «la primera vez que el Poder Judicial impide al electorado emitir su voto por el principal candidato de un gran partido». El Supremo estatal, por su parte, afirmó que no han llegado «a estas conclusiones a la ligera». «Somos conscientes de la magnitud y el peso de las preguntas que ahora tenemos ante nosotros. También de que es nuestro deber solemne aplicar la ley, sin miedo ni favoritismos, y sin dejarnos llevar por la reacción del público a las decisiones que la ley exige que tomemos», aseguraron los magistrados.
La última palabra la tiene ahora el máximo tribunal, que hacía veinte años no se involucraba de esta manera en unos comicios presidenciales. El fallo de la corte en el caso de Colorado tendría efecto a nivel nacional, por lo que podrá abrir o cerrar ese camino a una multitud de demandas que aún se estudian. Hay una quincena de estados –entre ellos Oregón, Virginia, Nueva York o Nevada– que se plantean la posibilidad de suprimir el nombre del magnate de sus papeletas. Michigan o Minnesota ya han rechazado este posicionamiento.
Trump es el favorito de las encuestas para las primarias republicanas. Se ubica varios puntos por delante de sus principales rivales –la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis–. Según sondeos recopilados por RealClearPolitics, el exmandatario acumula una intención de voto del 62,7% pese a hallarse inmerso en procesos judiciales. La campaña electoral se alternará con sus juicios, entre los que está la investigación por su papel en los sucesos del 6 de enero de 2021.
Este sábado se conmemoró el tercer aniversario del motín, que estuvo en el foco del arranque de la campaña electoral. El presidente, Joe Biden, arremetió el viernes contra su antecesor y lo tildó –sin nombrarlo directamente– de ser una «amenaza para la democracia». Lo hizo durante el primer acto electoral de la batalla por la Casa Blanca.
Tres años después del incidente continúan las investigaciones y los procesos judiciales. Ese 6 de enero los partidarios de Trump entraron a la fuerza al Capitolio con el objetivo de impedir la certificación de Biden como ganador de las elecciones de 2020. Este sábado fueron detenidos en Florida tres acusados de participar en el ataque. Uno de ellos, que estaba «fugado» desde el verano de 2021, habría ayudado a sobrepasar una barrera de la Policía y agredido a varios agentes. Hasta la fecha, más de 1.200 personas han sido imputadas por su vinculación con el asalto.
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