La detención de otros tres agentes por muerte de Floyd rebaja la tensión

A las 8 pm, cuando entró en vigor el toque de queda en Nueva York, todavía era de día, pero ya habían saltado los cristales de muchos establecimientos, entre ellos los del gimnasio Hanson Fitness, en Broadway con la calle 11. «Hoy han empezado pronto», dijo lacónico uno de los dueños. «Será porque tienen que irse antes a casa», le respondió el otro. «No, créeme, no tienen prisa, ayer estuvieron haciendo salvajadas toda la noche», añadió la mujer policía que respondió a la denuncia.

El adelanto del toque de queda de las 11 de la noche a las 8 de la tarde ayudó a devolver un poco la calma a la Gran Manzana, donde el número de arrestos bajó de más de 700 a 280. Lo que más ayudó, según el jefe de policía Terence Monahan, fue la decisión de cerrar Manhattan desde la calle 96, porque las noches anteriores habían visto muchas matrículas de New Jersey que escapaban con el botín robado.

Algunos montaron en el maletero de un Uber las pantallas de plasma, los monopatines y las cajas de deportivos de marca, pero el martes la Policía suspendió el servicio de coches por aplicación. Hasta los trabajadores esenciales de hospitales y servicios autorizados tuvieron que convencer a los agentes con cartas y acreditaciones para atravesar los túneles y puentes de una isla que no había estado tan sellada y abandonada desde los ataques terroristas de 2001.

Quienes quisieron desafiar el toque de queda para seguir pidiendo justicia por el brutal asesinato de George Floyd se encontraron en Canal Street con una muralla policial que intimidaba lo suficiente como para darse la vuelta. Solo que del otro lado se había formado otra barrera policial y cientos de personas quedaron atrapadas sobre el puente de Manhattan a merced de los uniformados. Los camisas blancas repartían esposas de plástico a puñados y los autobuses esperaban a ambos lados del puente para trasladar el botín humano.

La mayoría quedó en libertad de madrugada después de ser fichados, porque los tribunales, a medio gas por la pandemia, se han colapsado rápidamente con ese ritmo de detenciones y los abogados ya demandan a la ciudad por retener a los detenidos más de 24 horas sin vista judicial. La detención en sí puede ser una sentencia de Covid-19, porque dentro de 1 Police Plaza, aseguran los que han salido, nadie lleva mascarilla ni se conoce la distancia de seguridad. «Los arrestos masivos siempre conllevan dificultades», concedió el jefe de policía sin mayor remordimiento.

La violencia ha amainado pero las protestas continúan firmes en 140 ciudades de EE UU. Al menos ocho grandes urbes como Nueva York, Los Angeles, San Francisco, Washington, Atlanta y Cleveland siguen con toque de queda diez días después de que comenzaran los peores disturbios raciales desde el asesinato de Martin Luther King en 1968.

Cuatro policías de Minneapolis asfixiaron sin compasión a George Floyd, un afroamericano de 46 años acusado de comprar un paquete de cigarrillos con un billete falso, al que durante nueve minutos aplastaron contra el suelo sin dejarle respirar. El agente Dereck Chauvin, conocido racista que hacía horas extras como guardia de seguridad en un club latino, le hincó la rodilla en el cuello hasta mucho después de que se le escapase el último soplo de aire y dejara de moverse.

Su detención acusado de «homicidio en tercer grado», que ni siquiera existe en la mayoría de los Estados, fue interpretada por muchos afroamericanos como una señal de que la Fiscalía solo intentaba engañarles y sería finalmente exonerado con una pena mínima. Eso caldeó los ánimos e hizo estallar el polvorín de la injusticia en el que vive esta minoría racial tras siglos de brutalidad y marginación.

Más de una semana después y con dos autopsias concluyentes, el fiscal general de Minneapolis Keith Ellison, seguidor de Bernie Sanders, ha revisado la acusación al alza para encausar a Chauvin de asesinato en segundo grado y a los otros tres policías de inducir su muerte y ser cómplices en el delito. El anuncio de ayer se produjo justo a tiempo para calmar los ánimos en el funeral que se celebrará hoy en Minneapolis, antes de que sea enterrado el martes en Houston.

Entre los que se atrevieron ayer a distanciarse de Donald Trump destaca el jefe del Pentágono, Mark Esper, que tomó el pódium para dejar claro que se opone a la decisión del presidente de utilizar la vieja ley de 1807 contra la Insurrección para lanzar al Ejército contra los manifestantes. Un último recurso que deja «para las situaciones más urgentes y extremas» que «no es en la que estamos hoy», decidió. «Y digo esto no solo como secretario de Defensa, sino como antiguo soldado y exmiembro de la Guardia Nacional».

Esper pronunció estas palabras justo antes de asistir a una reunión con Trump en la Casa Blanca que se anticipaba muy tensa. Se unía al clamor generalizado de una sociedad que ya no tiene estómago para seguir contemplando estos abusos en el espejo de los teléfonos móviles, como ocurrió con el nacimiento de la televisión durante la lucha por los derechos civiles en los años sesenta. El cambio puede estar entre las cenizas de estos incendios.