El fiscal del asalto al Capitolio asegura que no habrá «favoritismos» en la investigación

La iniciativa del Departamento de Justicia avanza en dos vías simultáneas, según desvela el diario 'The Washington Post'. La primera se centra en la trama de sedición y conspiración urdida para obstruir la transferencia de poder de Trump a su sucesor, Joe Bien, un cargo que ya ha sido presentado contra varios individuos que participaron en el asalto al Capitolio, entre ellos dos líderes de grupos de extrema derecha, Stewart Rhodes y Henry 'Enrique' Tarrio, dirigentes de The Oath Keepers y Proud Boys, respectivamente. Aunque no allanaron la sede legislativa, sí estuvieron involucrados en la planificación del golpe.

La segunda vía investiga cargos de fraude asociados a una trama de falsos electores y a la presión que Trump y sus aliados ejercieron sobre el Departamento de Justicia y otras agencias gubernamentales para promocionar la idea de un fraude electoral.

Los fiscales federales se preparan para una batalla judicial intensa, en la que buscan obtener también el testimonio de los exfuncionarios de la Casa Blanca en la época de Trump, que con toda seguridad invocarán el privilegio ejecutivo presidencial como blindaje legal para evitar ser forzados a declarar. El Ministerio Público espera adelantarse con la emisión de una serie de órdenes judiciales a esta previsible resistencia a testificar de los leales al líder republicano, un movimiento que revela una postura mucho más agresiva que la adoptada por el departamento hasta ahora.

Sería un indicio claro de que la investigación se centra más estrechamente en la figura del expresidente y en sus conversaciones e interacciones con otros involucrados en el golpe. A todo esto se añade el acuerdo para compartir evidencias entre el Departamento de Justicia y la Comisión del 6 de enero, que incluye el testimonio de al menos 20 testigos y ahorrará mucho tiempo a los fiscales.

Mientras tanto, el expresidente, aparentemente ajeno a todo este cerco legal, se encuentra una vez más en el centro de la polémica gracias al torneo de golf LIV patrocinado por el fondo soberano saudí en su club de Bedminster (Nueva Jersey). El campeonato ha provocado una feroz protesta por parte de las familias de las víctimas del 11-S, que acusan al Gobierno saudí de estar vinculado a los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, aunque ninguna investigación ha encontrado pruebas de esa relación.

Las familias denuncian que los sauditas utilizan el deporte para blanquear el pésimo historial de derechos humanos del reino, como el asesinato en 2018 del periodista disidente Jamal Khashoggi. Cientos de personas han realizado protestas a cuatro millas de los 500 acres que forman el resort Trump National.

El torneo ha atraído a nombres importantes del deporte, como Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka y Bryson DeChambeau. Se han repartido premios de hasta 25 millones de dólares en metálico. Y por si fuera poco, Trump ha utilizado el sello presidencial como parte de los logos de su organización en múltiples objetos, incluidos carritos de golf y toallas. La ley federal prohíbe el uso de este sello si puede dar una impresión falsa de «patrocinio o aprobación» gubernamental, sin olvidar que Trump ya no es presidente de EE UU.

Aun así, el certamen ha supuesto un triunfo para el líder republicano y marca su regreso al negocio de un deporte que ha cultivado durante años. Más todavía tras el poco halagador 'despido' de la Asociación Profesional de Golf de América (PGA), que canceló su campeonato en el resort solo unos días después de la insurrección del 6 de enero.

Prueba de la durabilidad del expresidente, el torneo significa su restablecimiento como figura prominente en el mundo del golf, con un añadido de revancha contra la PGA. Incluso, aprovechó la inauguración para pedir a los barones de este deporte que den la espalda a la asociación y se vayan con él.

Trump, que durante su candidatura en 2016 denunció el papel de Arabia Saudita en los ataques del 11-S, rápidamente estableció un idilio de conveniencia con el reino tras su elección presidencial. Una relación que ha sido financieramente beneficiosa para los negocios de la familia. En cualquier caso, no está claro cuánto ganará por este campeonato. Los primeros partidos fueron relegados a una transmisión por YouTube y no existe ningún acuerdo televisivo. Los precios de las entradas se han reducido de los 75 dólares del viernes a los 3 actuales en el mercado secundario.