El 30% de los niños inmigrantes alejados de sus padres por Trump siguen sin verlos

Así lo expone un nuevo informe de 135 páginas de la organización Human Rights Watch publicado esta semana, que revela «los daños y traumas duraderos» impuestos a los núcleos familiares solicitantes de asilo por la política de inmigración insignia que definió el primer mandato del republicano.

Con el título «Necesitamos quitarles a los niños: Cero rendición de cuentas seis años después de la 'Tolerancia cero'», el informe destaca que casi un 30 por ciento de los más de 4.600 menores que el gobierno de Estados Unidos separó de sus padres entre 2017 y 2021, continúa aún sin reunificación con sus familias.

Según el informe, el Gobierno de Trump se negó durante días, y en algunos casos semanas, a revelar las circunstancias y el paradero de los niños separados de sus padres en la frontera de EE. UU. con México, una situación que cumple con la definición de desaparición forzosa bajo el derecho internacional. Las separaciones familiares forzadas pueden también haber constituido tortura, dice la organización, al haber infligido un sufrimiento severo intencional con un propósito indebido por parte de un agente del Estado.

«Es escalofriante ver, documento tras documento, la calculada crueldad que se utilizó en la política de separación forzada de familias», señala Michael García Bochenek, principal asesor del capítulo derechos del niño de Human Rights Watch y autor del informe. «Un gobierno nunca debería atacar a los niños para enviar un mensaje a los padres».

La organización advierte también que algunos de los arquitectos del plan volverán al poder de nuevo a partir de enero, incluido Tom Holman, nominado por el magnate como «zar» de las fronteras del país. Watch ha instado al Senado a rechazar el nombramiento de cualquier funcionario involucrado en la política de separación de familias.

La política de separación forzosa de familias de inmigrantes empezó a ser considerada en febrero de 2017, pocas semanas después de que Trump asumiera el cargo de presidente. La administración probó la nueva política de separación familiar, primero en la entrada fronteriza de El Paso, Texas, y sus alrededores, entre marzo y noviembre de 2017, y a partir de mayo de 2018 la implementó en toda la frontera.

La administración republicana llevó a cabo su política de separación mediante una aplicación adulterada de dos leyes federales. Mientras se procesaba primero a los padres por un cargo federal menor de «entrada indebida», en ausencia de estos, las autoridades trataban a sus hijos como si no estuvieran acompañados. Después, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza transfería a los niños, bajo otra ley de protección de menores, a la Oficina de Reubicación de Refugiados, para su gestión.

El informe, publicado también por el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de Yale, arroja que los esfuerzos gubernamentales para ayudar a las familias separadas han sido insuficientes.

La organización apunta que ante las graves violaciones de los derechos humanos cometidas es necesario rendir cuentas públicamente, pedir disculpas, indemnizar y, posiblemente, iniciar procesos penales.