Trump y sus compinches

Nunca antes los tribunales habían visto a cargos de gobierno tan dignos sentados juntos en el banquillo de los acusados. El expresidente Donald Trump, su jefe de gabinete, Mark Meadows, el exalcalde de Nueva York Rudy Guliani, el expresidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, el senador estatal de Georgia, Shawn Still… Se les acusa de asociación criminal para subvertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, que en Georgia dieron la victoria a Joe Biden por 11.779 votos. Una cantidad tan pequeña en más de cinco millones de votos que solo suponía el 0,23%, por lo que Trump y sus acólitos pensaron que era un buen lugar -con gobierno republicano- para manipular un poco los resultados y ponerle por encima.

«Solo quiero que me encuentres 11.780 votos, uno más», le dijo el entonces jefe de la Casa Blanca al secretario de Estado Brad Raffensperger (republicano y votante de Trump), en una llamada clave para la imputación. En ella estaban presentes Meadows, Giuliani y el abogado John Eastman, todos ellos imputados.

Aquel 2 de enero de 2021 les acompañaban en el Despacho Oval otros consejeros y cargos que no han sido enjuiciados, porque las 98 páginas del pliego no se limitan a esa llamada, sino que recomponen el proceso por el que estos presuntos mafiosos concibieron y ejecutaron un plan para quedarse en el poder, intimidando a los funcionarios electorales de siete Estados en los que querían cambiar el resultado para que les salieran las cuentas, suplantando a los electores emanados de la decisión del pueblo, falsificando documentos, mintiendo y hasta hurgando en la maquinaria electoral a cuyo software les dio acceso la supervisora electoral del condado de Coffee, Misty Martin. Precisamente acudieron a ella porque buscaban un condado con funcionarios electorales afines a Trump. Martin también ha sido imputada, al igual que la presidenta del Partido Republicano del condado, Cathy Latham, y Scotto Hall, propietario de una empresa de fianzas penales al que mandaron para «copiar cada disco duro y pieza del equipo».

Todos estos peones que formaron parte del tablero se sentarán en el mismo banquillo que el expresidente y su jefe de gabinete, porque la fiscal Fani Willis ha decidido juzgarlos a todos a la vez para poder contar la historia completa de cómo conspiraron para revertir la voluntad de los votantes de Georgia. Lo que pasó allí fue similar a lo ocurrido en otros seis Estados como Michigan, Pensilvania, Arizona, Nevada, Wisconsin y Nuevo México. Solo cambian algunos actores y sus víctimas, pero los jefes de la mafia eran los mismos.

Rubi Freeman y su hija Wandrea 'Shaye' Moss, a las que el día de las elecciones les tocó sentarse en una mesa del State fram Arena en la Junta electoral del Condado de Fulton, aguantaron como jabatas las presiones públicas y privadas que sufrieron, así como la tromba de amenazas de muerte que les quitaron el sueño, les obligaron a huir de su casa y le destrozaron la vida, a partir de que Giuliani las acusó públicamente de haber incorporado al resultado «maletas» de falsas papeletas por correo.

En privado mandaron a Stephen Cliffgard Lee, un expolicía de California, reconvertido en siniestro pastor de Chicago, que un día llamó a su puerta sin avisar para «sacarles la verdad». Ya las había avisado Trevian Kutti, una publicista a la que tampoco conocían, de que si no confesaban públicamente y «se adelantaban» a los acontecimientos, en 48 horas recibirían la visita de un «escuadrón armado» que pondría en peligro sus vidas. Ella estaba «conectada con gente de muy alto perfil» y podía ayudarlas si cooperaban.

Como ni ella ni el pastor tuvieron éxito, le mandaron a Harrison Floyd, director ejecutivo del grupo 'Negros por Trump', que a juicio del expolicía blanco podía tener más éxito en negociar con ellas una declaración de culpabilidad. Los tres -Kutti, Lee y Floyd- forman parte del grupo de 19 imputados, junto a prestigiosos abogados del país y asesores políticos, que la fiscal quiere juzgar al unísono en los próximos seis meses. De acuerdo a las leyes de Georgia, el proceso podría ser televisado si lo autoriza el juez Scott McAfee, asignado al caso. Willis les ha dado hasta el viernes 25 a mediodía para entregarse.