Asesino, torturador y abusador de menores. Así es 'Otoniel', el último capo de la droga colombiana

El hombre que lideró el Clan del Golfo durante una década (entre 2012 y 2021), y que llegó a tener a unos 6.000 miembros en sus filas, nació en una familia alejada de cualquier lujo. Criado en el pueblo caribeño de Necoclí, donde sus padres se ganaban la vida con la venta de cerdos, gallinas y otros animales, cruzó la ley por primera vez cuando tenía sólo 18 años al alistarse en el Ejército de Liberación Popular (EPL). «No era revolucionario, era lo que había y se fue con ellos», explicó su madre en una entrevista al periódico 'El Tiempo'. La guerrilla dejó de estar operativa poco tiempo después y Úsuga, casi analfabeto, pasó a la organización paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), con base en la extrema derecha y nexos con el negocio de la droga. Estados Unidos la tenía desde 2001 en su punto de mira como grupo terrorista.

Pero el ascenso en su carrera delictiva le llegó con la muerte de uno de sus ocho hermanos, Juan de Dios, abatido por la Policía. Fue entonces cuando 'Otoniel' ('Mao' o 'Gallo' son otros de sus alias) asumió el mando del Clan del Golfo, con el que sembró el terror dentro y fuera de Colombia. «No empezó la violencia, pero la asumió y la expandió», aseguró el fiscal sobre el narco, cuya situación actual -más delgado, con barba, un par de hernias y diverticulosis- dista mucho de aquella imagen todopoderosa. Con el fin de proteger el negocio y a los integrantes de la banda se dedicó a silenciar a posibles testigos y atacar a las fuerzas de seguridad con ayuda de «un ejército de sicarios». Todo estaba permitido. Úsuga dio luz verde para «secuestrar, torturar y matar» tanto a los competidores como a los traidores, incluso a sus familias.

Su trayectoria bañada en cocaína y sangre se detuvo hace casi dos años, en octubre de 2021, cuando fue capturado en la selva colombiana, en la provincia de Antioquía, durante una operación en la que participaron medio millar de policías y militares con apoyo del Reino Unido y Estados Unidos. Tres tribunales norteamericanos llevaban más de una década detrás de él, que por entonces presumía de ser el narco más buscado de su país. Lo demostró incluso desde la cárcel, una vez extraditado a territorio estadounidense, desde donde organizó una cadena de acciones de represalia en Colombia por su arresto con ataques en comisarías, bloqueos de carreteras y sabotajes al sistema público de transporte. Cinco personas -entre ellas dos agentes y un soldado- murieron en aquella 'batalla' orquestada desde la celda de 'Otoniel'.

El capo, pese a su largo historial, intentó ganarse a la jueza Dora Irizarry, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, con un alegato a favor del fin del conflicto armado y de una paz negociada en Colombia. De su boca salieron hasta «disculpas» hacia los gobiernos estadounidense y colombiano y «las víctimas de los crímenes». No le valió de nada. Tampoco haber reconocido hace unos meses que envió 96,8 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde América Central y México, una cantidad que la magistrada sospecha que era aún mayor. «Dudo que si no lo hubieran detenido, hubiese puesto fin a lo que estaba haciendo», le respondió a Úsuga ante su supuesta redención, consciente de que los lazos de 'Otoniel' con la droga son incluso familiares. Su hermana Nini Johana, alias 'La negra', también fue extraditada por delitos de narcotráfico.

A la condena de 45 años de prisión por tráfico de drogas se suman otros cinco de libertad vigilada cuando salga a la calle -con 96, si cumple la pena íntegra- y el abono de una indemnización de 216 millones de dólares (unos 196,7 millones de euros al cambio). Pero 'Otoniel' no salda con ello todas sus deudas ya que la Justicia colombiana lo acusa, además, de homicidio, terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro y delitos sexuales, entre otros hechos, que cometió en su etapa como guerrillero y paramilitar. En su país reclaman que Úsuga sea juzgado también allí. «Debe de pagar donde cometió sus delitos. Lo que cometió aquí no puede pagarlo en Estados Unidos», lamentó Aurelio Benicio Mendoza, al frente de una asociación de familiares de víctimas del Clan del Golfo.