Algo ha cambiado entre la UE y Polonia: castigar con fondos europeos empieza a funcionar

Varias provincias polacas, que se habían zona libre de 'ideología LGTB', han dado marcha atrás en su declaración adoptada en 2019 ante la amenaza de perder su parte de los fondos React-UE (Ayuda de recuperación para la cohesión y los territorios de Europa), un paquete de fondos de cohesión adicionales en virtud del cual Polonia ha recibido un total de más de 1.500 millones de euros. Juntas, las regiones representan casi una cuarta parte de la población y la superficie terrestre de Polonia. Por el momento, como resultado, sólo una de las cinco provincias amenazadas con perder fondos de la UE, Łódź, ha mantenido su resolución, recoge el portal anglófono Notes From Poland.

El pasado julio, la Comisión Europea inició un recurso judicial contra Polonia por los derechos de la comunidad LGTB y el mes pasado congeló la financiación de las cinco regiones polacas. El ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, había tildado estas presiones de Bruselas de «terrorismo económico» instando a los gobiernos regionales a que no cedieran «al chantaje de la UE».

La primera en dar marcha atrás, Swietokrzyskie, provincia de 1,2 millones de habitantes en el sureste de Polonia, modificó su resolución por otra en la que promovía «respeto por la tradición y cultura centenaria de Polonia» en relación con la «igualdad y trato justo».

«Soy bisexual. Vivo en un país donde me odian y no me quieren por lo que soy. Es horrible este sentimiento, hay gente que no me quiere aquí solo por mi condición sexual», comenta a Europa Hoy la activista medioambiental y estudiante Paulina Pietrzykowska (19 años), que destaca cómo tras cada marcha en favor de los derechos de los homosexuales se recomienda en redes sociales no volver solos a casa.

Como ella, miles de jóvenes polacos ansían salir a estudiar fuera del país, no tanto por su futuro laboral sino por su situación personal.

Así y todo, tanto para Paulina como para su compañera Kasia respiran aliviadas porque su país forme parte de la Unión Europea. «La UE es muy importante para nosotros por la idea de que aunque Polonia tenga sus fronteras forme parte de un proyecto mayor», apunta Paulina. Kasia es más directa: «Si no estuviéramos en la UE, Polonia seguiría los pasos de sus vecinos del entorno ruso: Bielorrusia y Ucrania. Estaríamos mucho más atrasados».

Desde principios de 2019, en Polonia ha habido más de 80 casos en los que las regiones, condados o municipios han aprobado resoluciones que se declaran libres de la llamada 'ideología LGBT', o han adoptado 'Cartas regionales de derechos de la familia' o disposiciones discriminatorias para familias monoparentales y LGBTI.

Lo que está en juego en el conflicto es el dinero de los fondos de la UE. Esto está sucediendo en un momento en que el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que pide la aceptación de las parejas y el matrimonio entre personas del mismo sexo en toda la Unión Europea.

En otra declaración del pasado 14 de septiembre, esta sobre los derechos de las personas Lgtbiq en la UE (adoptada con 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones), el Parlamento Europeo defendió que los europeos deben poder ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a la libre circulación en todas partes de la Unión. La resolución establece que los matrimonios o uniones registradas formadas en un estado miembro deben ser reconocidos en todos ellos de manera uniforme, y los cónyuges y parejas del mismo sexo deben recibir el mismo trato que las del sexo opuesto.

Bruselas se está preparando de cara a dar los primeros pasos para implementar su nuevo mecanismo de condicionalidad del estado de derecho a partir de este mes, y por la defensa de los valores de la UE recogidos en el Artículo 2 del Tratado de la UE, según informa el FT.

Vincular el respeto al Estado de derecho con el reparto de fondos es pieza central de los desencuentros este-oeste de la UE desde hae más de un año. Como comentó a este diario el eurodiputado polaco Lukasz Kohut, en verano de 2020, en las negociaciones de los jefes de estado relativas a los fondos de recuperación, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki antepuso la cláusula de la condicionalidad a cualquier otro tema que afectaba al país.

El pasado julio, el pleno de la Eurocámara pidió a la Comisión que investigara rápidamente cualquier posible infracción de los principios del Estado de derecho «que afectara o pudiera afectar gravemente a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión», señalando que «la situación en algunos Estados miembros ya justificaba acciones inmediatas». Según la resolución, el reglamento de condicionalidad presupuestaria no requiere que se aplique ninguna aclaración adicional y las infracciones del estado de derecho deben abordarse sin demora. Octubre es la fecha marcada para que la Comisión informe sobre los primeros casos.

Los instrumentos existentes, especialmente el procedimiento del Artículo 7 para proteger los valores de la UE, han demostrado ser ineficaces principalmente debido a la regla de unanimidad en el consejo que permite que tanto Hungría como Polonia se protejan entre sí.

De fondo, según ha informado el portal especializado Politico, la Comisión Europea puede aprobar en noviembre el plan de recuperación de Polonia si Varsovia acepta ciertos objetivos legalmente vinculantes para restaurar su Estado de derecho. El brazo ejecutivo de la UE lleva meses retrasando la aprobación del proyecto polaco, que supondría el acceso a 57.000 millones de euros en préstamos y subvenciones.