La UE aprueba un nuevo fondo social para apoyar a los jóvenes

Durante la negociación con el Consejo, el Parlamento logró elevar la ambición de la inversión en empleo juvenil y para combatir la pobreza infantil, centrándose en dos de los colectivos más golpeados por la crisis.

Los Estados miembros con un porcentaje superior a la media de la UE entre 2017 y 2019 de jóvenes que no trabajan, ni estudian ni siguen cursos de formación («ninis») deberán dedicar al menos el 12,5% de su asignación del Fondo Social a iniciativas destinadas a mejorar sus competencias o ayudarles a encontrar un empleo de calidad. Los demás países también deberán destinar fondos a ese objetivo, preferentemente vía la aplicación de la Garantía Juvenil.

En la misma línea, los Estados miembros con un porcentaje superior a la media europea entre 2017 y 20219 de niños en riesgo de pobreza o exclusión social tendrán que utilizar como poco el 5% de sus recursos del Fondo a apoyo directo al acceso a cuidados infantiles, educación, salud y vivienda para esos menores. Todos los países deberán dedicar inversión a este capítulo.

A iniciativa del PE, al menos la cuarta parte de los fondos irán para medidas para fomentar la igualdad de oportunidades para grupos desfavorecidos, incluidas comunidades marginadas como los gitanos y los nacionales de terceros países, para reducir las barreras que encuentran en el mercado laboral, hacer frente a la discriminación y abordar las desigualdades en el ámbito de la salud.

El nuevo Fondo Social Europeo+ integra, entre otros, el actual Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD). Las nuevas reglas establecen que todos los países deberán usar al menos el 3% del dinero que reciban del Fondo a adquirir alimentos y asistencia material básica para atajar la pobreza más extrema.

España recibió 10.288 millones de euros durante el periodo 2014-2020 de este fondo, aunque sólo ha gastado el 42% de la financiación obtenida (4.360 millones de euros), según los datos publicados por la Comisión Europea. La mayor cantidad estuvo destinada al acceso al empleo y movilidad laboral (713 millones de euros) seguido de la inclusión activa (584 millones de euros).