Alta pena de cárcel en Alemania por enviar componentes de uso militar a Rusia

Un empresario alemán violó sistemáticamente el embargo de la UE al enviar a Rusia más de 120.000 piezas electrónicas

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 17 de julio 2024, 17:16

Un empresario alemán ha sido condenado este miércoles a seis años y nueve meses de prisión por la Audiencia Superior de Stuttgart, que le encontró ... culpable de suministrar a Rusia material electrónico para la fabricación de drones que figura en la larga lista de embargo dictada por occidente contra el régimen de Moscú. Su cómplice y compañera sentimental recibió una pena de un año y nueve meses de cárcel, aunque quedará en libertad condicional. La sala de lo penal declaró probado que el acusado, de 59 años de edad, proporcionó entre enero de 2020 y mayo de 2023 a dos empresas rusas unos 120.000 componentes electrónicos violando consciente e intencionadamente las sanciones dictadas contra el Kremlin por la Unión Europea.

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Todos esos componentes tenían uso militar, según estableció el tribunal germano. Una de las empresas receptoras del material tecnológico fabrica los drones de reconocimiento del tipo Orlan 10 que el ejército ruso utiliza en la guerra contra Ucrania. Las piezas electrónicas proporcionadas por el empresario germano son parte básica de ese tipo de dron y se encuentran específicamente listadas en el embargo de la Unión Europea. El pedido se realizaba a través de una empresa alemana a nombre de su cómplice, una mujer de 53 años de edad, y se enviaba a firmas fantasmas en Rusia. El negocio proporcionó al acusado unos beneficios de 875.000 euros.

La mayor parte de los componentes, generalmente transformadores, amplificadores y transistores, se compraban en Alemania a nombre de destinatarios locales falsos con el fin de dar la impresión de que las piezas no abandonaban este país. Todo el material acababa, sin embargo, en Rusia, en gran parte en una firma con sede en San Petersburgo. Tras el endurecimiento de las sanciones de la UE contra Rusia tras la invasión de Ucrania que comenzó en febrero de 2022, la pareja adaptó su modelo de negocio y comenzó a enviar las piezas solicitadas a través de terceros países como Turquía, China o los Emiratos Árabes Unidos.

El tribunal consideró como agravante la «energía criminal» con la que el empresario violó sistemáticamente las sanciones de la UE contra Rusia, que, según el tribunal, concentró todos sus esfuerzos en buscar vías para evitar los controles del embargo y seguir enriqueciéndose de manera delictiva. El acusado solo reconoció una parte de la culpa durante el proceso, en el que la sentencia se atuvo a la petición de la Fiscalía Federal, encargada del caso por afectar a la seguridad del estado. El hombre fue detenido en marzo de 2023 y se encuentra desde entonces en prisión preventiva. Su cómplice fue inicialmente encarcelada, pero puesta en libertad vigilada poco después.