Bruselas abre la puerta a crear centros de detención de migrantes fuera de la UE

La directiva de retornos es una parte fundamental en la aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE y busca facilitar las deportaciones de personas que hayan llegado a Europa de forma irregular. La iniciativa de Bruselas abre la puerta a que los países europeos expulsen a individuos que hayan entrado de forma ilegal en territorio comunitario y hayan recibido una orden de deportación a «un tercer país con el cual hayan tenido un acuerdo bilateral o a nivel de la UE». Estos pactos deberán ser acordes a la ley internacional y a los derechos humanos y no podrá enviarse a estos campos a familias con menores ni a menores no acompañados.

El texto de Bruselas deberá ser ahora discutido y aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo y busca crear un «verdadero sistema de retornos» que unifique los sistemas de los Veintisiete. El Ejecutivo comunitario propone introducir el reconocimiento mutuo de decisiones de retorno, lo que permitirá a los países europeos reconocer estas decisiones y poner en marcha expulsiones emitidas por otro Estado miembro, sin tener que empezar un nuevo proceso, un proceso que será obligatorio a partir de julio de 2027.

La normativa también busca poner negro sobre blanco y plantear unas reglas simples y claras para las devoluciones, al tiempo que incentivará los retornos voluntarios. Las expulsiones por la fuerza serán «obligatorias» cuando una persona que resida ilegalmente en la UE no coopere, huya a otro Estado miembro, no abandone el continente en el margen temporal dado o suponga un riesgo de seguridad.

Bruselas plantea normas específicas para extranjeros que supongan un riesgo a la seguridad nacional. Los países europeos estarán obligados a determinar en una fase temprana del proceso si una persona representa una amenaza de seguridad. Si la respuesta es afirmativa, estos individuos serán obligados a abandonar la UE, enfrentarán prohibiciones de entrada a Europa más larga y podrán ser detenidas durante 24 meses bajo orden judicial (frente a los 18 meses máximos que contemplaba la anterior regulación).

Los migrantes deberán cooperar con las autoridades nacionales durante todo el proceso y, de no hacerlo, se les podrían confiscar sus documentos de viaje. A pesar de reforzar la normativa europea, Bruselas insiste en que habrá salvaguardas que garantizarán el respeto del Derecho internacional y los Derechos Fundamentales. Así las cosas, se establecen claras condiciones para las detenciones de migrantes y se tratará de cerrar la brecha entre las decisiones de expulsión y la devolución a sus países de origen.

Tal y como adelantó el domingo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esta norma pretende aumentar el número de expulsiones de estos extranjeros y vetar la entrada a territorio comunitario a aquellos que hayan sido expulsados a la fuerza. La propuesta anunciada este martes sigue la misma línea que la carta que Von der Leyen envió a las capitales europeas, a medida que el número de socios que pedían una reforma de la directiva de retornos crecía, al calor de la ultraderecha y los populismos, que han ganado fuerza y gobiernan ya en Italia, Países Bajos, Bélgica, Hungría y Eslovaquia.

En este contexto, Von der Leyen destacó en octubre que «esta reforma sólo funcionará si los que no tienen el derecho a quedarse en la UE son devueltos de forma efectiva. Actualmente solo el 20% de nacionales de terceros países son extraditados».