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La Fiscalía General rumana ha acusado este miércoles de crímenes contra la humanidad al expresidente rumano Ion Iliescu y al ex primer ministro Petre Roman ... por la violenta represión de las protestas de junio de 1990 organizadas contra su gobierno, medio año después de que los ciudadanos derrocaran al dictador comunista Nicolae Ceaucescu. Cuatro personas murieron, dos fueron violadas, 1.311 resultaron heridas y 1.211 fueron arrestadas en la 'Mineriada', nombre con el que se conoce en el país a este episodio violento.
Además de Iliescu y Roman están también acusados de esos mismos delitos el ex viceprimer ministro Gelu-Voican Voiculescu, el ex jefe de los servicios de Inteligencia Virgil Magureanu, y el dirigente del sindicato de los mineros del Valle de Jiu, Miron Cozma, entre otros responsables de la época. Iliescu, de 95 años de edad, ya había sido enviado previamente a juicio por este caso junto con los otros acusados en 2017, pero los tribunales ordenaron que el caso fuera devuelto a la Fiscalía Militar para que la investigación se reiniciara desde cero.
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Entre el 22 de abril y el 13 de junio de 1990 tuvieron lugar manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Universidad de Bucarest para pedir más reformas democráticas y la ruptura definitiva con el régimen comunista que acababa de ser sustituido en diciembre de 1989. La Fiscalía acusa a Iliescu y a los otros responsables rumanos de la época de llevar a cabo entre el 13 y el 15 de junio de ese año «una política represión contra la población civil».
Según el Ministerio Público, éstos «lanzaron un ataque contra los manifestantes físicamente presentes en la Plaza de la Universidad, que era en realidad un pretexto destinado a enmascarar la acción represiva contra personas que habían participado previamente en estas manifestaciones, en particular los líderes de opinión, así como contra cualquier persona que expresara cualquier forma de oposición o que perteneciera a categorías que, en su opinión, pudieran potencialmente expresar oposición, en particular estudiantes, intelectuales o personas que mostraran un acercamiento a los valores occidentales».
Un papel importante en la creación del marco para esta represión lo desempeñó «la manipuladora e insidiosa comunicación pública sobre el peligro que los manifestantes suponían para los valores democráticos que el nuevo gobierno se 'encargaba' de implantar», explicó la Fiscalía en un comunicado.
El 13 de junio, las fuerzas de seguridad intervinieron para dispersar a los manifestantes que se concentraban en la Plaza de la Universidad. Las hostilidades se recrudecieron con la llegada al día siguiente de 10.000 mineros armados con palos a Bucarest convocados por las autoridades para sofocar el movimiento opositor al nuevo gobierno. Iliescu, recién elegido presidente el mes anterior, pidió a los mineros que «ocuparan y limpiaran la Plaza de la Universidad», donde la oposición y la sociedad civil se había concentrado para protestar.
Durante esos días Bucarest estuvo sumida en la violencia impuesta por los mineros, que aprovecharon la ocasión para atacar las sedes de los partidos de la oposición y a periódicos contrarios al gobierno del Frente de Salvación Nacional (FNS) de Iliescu. Se cometieron atrocidades, se sometieron a las víctimas a tratos degradantes y a la violencia física y las protestas fueron reprimidas por la fuerza.
Iliescu, que había sido parte del Gobierno durante la dictadura comunista, fue presidente de Rumanía durante dos mandatos. Es considerado una figura central de la historia postcomunista del país, tras la ejecución de Ceaucescu en diciembre de 1989.
Tras las elecciones generales de mayo de 1990, los primeros comicios libres desde 1937, Iliescu se convirtió en el primer jefe de Estado elegido democráticamente en Rumanía. Ostentó el poder hasta 1996, cuando fue derrotado por Emil Constantinescu, y volvió al ocupar ese cargo entre 2000 y 2004.
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