Un juez de Belfast deja libre a un soldado británico condenado por el homicidio de un católico

Aidan McAnespie, de 23 años, cruzaba la frontera diariamente para acudir a su trabajo en la república de Irlanda, y era insultado o amenazado a menudo por los soldados del puesto de seguridad, según familiares y amigos. Su hermana había sido candidata del Sinn Féin a concejal, en una localidad con mayoría protestante. Él habría colaborado en campañas, pero no habría sido miembro del IRA.

Holden afirmó en su defensa que tenía las manos húmedas y los dedos resbalaron en el gatillo de su ametralladora. McAnespie, que iba ese día al club de fútbol gaélico, falleció como consecuencia del rebote de una de las balas. El juez John O'Hara estimó en el juicio que la versión de Holden no es increíble. Le consideró culpable de negligencia y homicidio.

Desde 1968 a 1998, una docena de militares fueron procesados por delitos penales en los tribunales de Irlanda del Norte y en su mayoría fueron absueltos. De las 3.500 víctimas del conflicto norirlandés, 301 murieron a manos de militares, de ellas 121 terroristas republicanos, 12 lealistas probritánicos y el resto civiles. El Ejército contabiliza 722 soldados asesinados por paramilitares, en particular el IRA.

El Acuerdo de Viernes Santo permitió la puesta en libertad de los presos por crímenes con cariz político en un procedimiento acelerado. Ese pilar de acuerdo limita también el máximo tiempo que podría pasar en prisión Holden o terroristas juzgados por crímenes no resueltos. Pero el número de condenas por crímenes históricos es muy pequeño, por el deterioro de las pruebas con el paso de los años.

El Gobierno británico creó un Equipo de Investigaciones Históricas en el seno de la Policía regional. Fue posteriormente criticado por la inspección general de las policías británicas. Se le reprochó la pasividad en la investigación de delitos de los militares. Se han creado nuevos equipos de investigación y se han pactado acuerdos sobre cómo tratar «el legado del conflicto».

Grupos de veteranos y diputados se quejan del supuesto sesgo contra los militares por el nuevo organismo policial, Rama de Investigaciones del Legado. El 30% de sus casos se enfoca en ellos cuando el Ejército causó el 10% de las muertes. Pero unos y otros casos se frustran por la dificultad de aplicar el escrutinio pericial y judicial de hoy, en tiempos de paz, a las decisiones policiales y judiciales del pasado.

Boris Johnson promovió una amnistía y poner fin a las investigaciones sobre crímenes del pasado. La rechazaron todos los partidos y grupos de víctimas. También el Gobierno de Dublín. El colapso del Ejecutivo de Belfast impide ahora que se inicie un mecanismo de «recuperación de la verdad», que contempla dar inmunidad legal a quien participe en un proceso de información a familiares de las víctimas.

A la misma hora en la que se anunciaba en Belfast la sentencia de Holden, el ministro para Irlanda del Norte en el Gobierno británico, Chris Heaton-Harris, explicaba en la Cámara de los Comunes que su departamento nombrará un panel para dirigir una investigación pública sobre el mayor atentado en la historia del conflicto, en Omagh, ocurrido dos meses después del acuerdo de paz.

Aunque no ha habido condenas penales a los autores del atentado -miembros del IRA disidentes del proceso de paz- una demanda civil culminó con la condena a dos acusados a pagar una indemnización millonaria. Pero las familias de las víctimas, 29 muertos, entre ellos un niño español que formaba parte de un grupo que estudiaba inglés al otro lado de la frontera, y más de doscientos heridos, han persistido.

La investigación sobre el atentado del 15 de agosto de 1998 se centrará en la posibilidad de que los servicios de inteligencia británicos tuvieron suficiente información como para haber evitado el atentado. El ministro Heaton-Harris explicó en el Parlamento que el objetivo es obtener la mayor información posible sobre lo ocurrido, que sería la petición de las víctimas.