Meloni renuncia temporalmente a los centros para inmigrantes en Albania

Meloni confiaba en que estos campamentos, proyectados para que los migrantes esperasen durante unas pocas semanas a que se tramitara la repatriación a sus países de origen, tuvieran un efecto disuasorio, contribuyendo así a disminuir el flujo de la inmigración ilegal en el Canal de Sicilia. Sus planes, no obstante, se han topado con la Justicia italiana, que ha bloqueado los dos intentos del Gobierno por llevar dos pequeños grupos de inmigrantes a Albania.

Ante este doble revolcón judicial y mientras espera que se pronuncie sobre el funcionamiento de esta controvertida iniciativa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Ejecutivo de Meloni ha optado por retirar a la mayor parte del personal enviado a la nación balcánica. Trata además así de protegerse ante una eventual acusación de despilfarro de dinero público por parte del Tribunal de Cuentas, al que ha apelado la oposición de izquierdas al considerar un despropósito que el Gobierno gaste unos 800 millones de euros en el llamado 'modelo Albania'.

Francesca Romana D'Atuono, presidenta del partido Volt Europa, relató al diario 'La Repubblica' que en su visita el pasado viernes a uno de los dos centros junto a un grupo de eurodiputados sólo quedaban 12 agentes de Policía, ya que el 75% del personal había sido enviado de vuelta a Italia. Así habría ocurrido tanto con los miembros de las fuerzas del orden (inicialmente había previsto un despliegue de 220 agentes) como con la mayor parte de los trabajadores de la asociación encargada de la gestión de los campamentos.

También queda por el momento amarrada a puerto la nave de la Marina militar italiana 'Libra', encargada de transportar a los migrantes desde la isla italiana de Lampedusa, situada en el centro del Mediterráneo, hasta el puerto albanés de Shengjin, donde se encuentra el primer centro de internamiento para desplazados construido por Italia. El segundo, de mayores dimensiones, está ubicado a unos kilómetros en el interior, en la localidad de Gjader.

Cuando sean completados en su totalidad, algo que aún no ha sucedido pues prosiguen las obras, estos centros tendrán una capacidad para acoger a 36.000 extranjeros al año, aunque hasta ahora sólo han tenido un puñado de internos: 12 en octubre y 7 a principios de este mes. Ambos grupos permanecieron sólo tres días: lo que tardaron los tribunales de Roma en dictaminar que estas personas tenían que ser acogidas en territorio italiano mientras no llegue una posible aprobación del 'modelo Albania' por parte del TJUE. Esta corte ya se mostró el pasado octubre en contra de la lista de países de origen 'seguros' a los que pueden deportarse los migrantes y con la que Meloni pretendía dotar de un sostén legal a este iniciativa.

Pese a este precedente, el Gobierno de Roma no tira la toalla y espera salvar el 'modelo Albania' con una eventual sentencia favorable por parte de la Casación, el Tribunal Supremo de Italia, que el 4 de diciembre debe decidir si los magistrados tienen que aceptar por la fuerza la citada lista gubernamental con los países 'seguros. Es posible, no obstante, que la Casación no decida pronunciarse hasta conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la espera se prolongaría durante meses.

El embrollo judicial, junto a la llegada del invierno y de las malas condiciones del mar, hacen pensar que hasta la próxima primavera será difícil volver a ver a algún inmigrante internado en los polémicos centros de Albania para inmigrantes.