Putin confiscará bienes por difundir bulos sobre el Ejército ruso

Tras ser aprobada de forma acelerada, en pocos días, por las dos Cámaras del Parlamento, el presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó este miércoles una ley que contempla la confiscación de patrimonio por difundir bulos sobre el Ejército ruso. En la nueva norma se establece el mismo castigo por hacer llamamientos en actos públicos a la realización de actividades «antiestatales» de carácter «extremista», entre ellas las dirigidas contra la «integridad territorial» de Rusia o por cometer delitos que atenten contra la «seguridad del Estado», incluyendo determinados tipos de crítica a las autoridades. Esta modificación en el Código Penal ruso entrará en vigor 10 días después de su publicación oficial.

En el Consejo de la Federación (Cámara Alta) este nuevo texto fue ratificado por unanimidad hace justo una semana, el pasado 7 de febrero, y en la Duma Estatal (Cámara Baja) fue aprobado en tercera y definitiva lectura el 31 de enero pasado por mayoría absoluta y sin ningún voto en contra.

La ley amplía drásticamente la lista de delitos castigados con la confiscación de dinero, inmuebles, objetos de valor u otros bienes, además de por «desacreditar» a las Fuerzas Armadas, por cometer actos de sabotaje, contrabando, divulgación de secretos de Estado, participación en las actividades de una organización extranjera catalogada como «indeseable», rehabilitación del nazismo, recibir y entregar sobornos, incumplimiento de órdenes en el Ejército y deserción.

En total, alrededor de 30 tipos de delitos, cuyo castigo ya estaba contemplado antes en forma de multas o penas de cárcel, a los que ahora se une la confiscación de patrimonio. Podrán ser despojados de sus bienes, no sólo quienes publiquen contenidos tipificados por esta ley, sino también las plataformas que tengan los derechos sobre los mismos y quienes lo traduzcan a otros idiomas.

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, dijo cuando fue presentada la ley que está dirigida contra «canallas y traidores, contra esos que hoy escupen a la espalda de nuestros soldados, contra los que han traicionado a su patria, contra quienes envían dinero a las fuerzas armadas de un país que está en guerra con nosotros».

Rusia sigue así endureciendo las penas contra quienes se muestren críticos con la decisión de invadir Ucrania, adoptada por el presidente Vladímir Putin, el 24 de febrero de 2022. Desde entonces han sido aprobadas numerosas normas restrictivas para la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad informativa que han llevado a la cárcel a decenas de opositores, periodistas y centenares de personas que expresaron en redes sociales puntos de vista contrarios a los que defiende el poder.

En marzo del año pasado, Putin exigió a los fiscales más mano dura contra quienes disienten de su política. «Les pido que respondan con dureza a los intentos de los extremistas de desestabilizar la situación social y política en el país», dijo el presidente ruso en una reunión ampliada del colegio de la Fiscalía General de Rusia. La acusación de «extremismo» está permitiendo actuar a la Policía y a la Justicia rusas, no sólo contra grupos de corte yihadista, sino también contra organizaciones políticas opositoras, periodistas, blogueros y activistas contrarios a la invasión de Ucrania. El Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), creado por Alexéi Navalni, que cumple una condena de 19 años de confinamiento en un penal en el Ártico, fue catalogada como «extremista» en 2021, pese a que su objetivo declarado fue siempre la lucha contra la corrupción.

Pocos días después de aquel pronunciamiento de Putin ante los fiscales, era detenido y acusado de espionaje el corresponsal en Rusia del diario estadounidense The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, todavía en prisión preventiva a la espera de que se presenten pruebas de su supuesto delito para enviar al juez. Según sus abogados, él niega las acusaciones y sostiene que no hizo otra cosa que informar a sus lectores.

La periodista ruso-norteamericana, Alsu Kurmasheva, acusada de difundir «informaciones falsas» y de no darse de alta como «agente extranjero», también espera juicio. Debido a estas draconianas leyes que castigan con penas de cárcel las críticas a la llamada Operación Militar Especial en Ucrania, un cierto número de corresponsales extranjeros abandonaron Rusia tras el comienzo de la guerra.

Y es que el cerco se estrecha cada vez más. El pasado 3 de febrero, durante una acción de protesta junto al Kremlin de mujeres familiares de movilizados rusos enviados a luchar en Ucrania fueron arrestados periodistas rusos y occidentales, entre ellos reporteros de la agencia francesa AFP, la estadounidense AP, la revista alemana Spiegel y otros medios. Fueron puestos después en libertad, no obstante, algunos de los que no llegaron a ser detenidos, pero fueron captados por las cámaras de reconocimiento facial, están siendo buscados por la Policía.

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